Secretario de Finanzas de Oaxaca, investigado por presunto desvío de 53 mdp

Juan Carlos Zavala

El secretario de Finanzas de Oaxaca, Jorge Gallardo Casas, y el presidente municipal de Tlaxiaco, Oscar Eduardo Ramírez Bolaños, están involucrados en la presunta malversación o desvío con fines de enriquecimiento ilícito de más de 53 millones de pesos de recursos públicos, según una demanda penal interpuesta ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción; pero se estima que a la fecha, el monto asciende a alrededor de 90 millones de pesos.

La demanda fue presentada desde junio pasado por un buffet de abogados, encabezado por Luis Enrique Martínez, contratado por dos funcionarios municipales; el dinero, de acuerdo al documento al que tuvo acceso este medio informativo, fue transferido desde la Secretaría de Finanzas a unas tres cuentas personales abiertas en la institución financiera BBVA Bancomer, presuntamente de manera ilegal. Según fuentes oficiales consultadas, en este delito también habría responsabilidad de la institución bancaria.

En la carpeta de investigación 329/FEMCCO/2018 también se denuncia al procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, José Salvador Velásquez Ramos; la cual fue presentada por el síndico procurador de Tlaxiaco, Demetrio Manuel Gómez Martínez, y el síndico hacendario, Raúl Naduvic Velasco, el pasado 28 de junio.

Los dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca fueron demandados por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, tipos penales señalados en los artículos 207 fracción III y 208 fracción IV; mientras que Ramírez Bolaños, presidente municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, por el delito de enriquecimiento ilícito.

El cabildo del ayuntamiento de Tlaxiaco se dividió políticamente casi desde el inicio de su administración; esta división ocurrió a partir de que el presidente municipal Ramírez Bolaños nunca convocó a sesiones de cabildo y se negó a transparentar el manejo de los recursos públicos. La inconformidad llevó a un grupo de concejales, incluidos aquellos de su mismo grupo político, a interponer un recurso ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) en el que demandaron la revocación del mandato al presidente municipal; el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Los síndicos Gómez Martínez y Naduvic Velasco convocaron a sesión de cabildo el 5 de enero de 2018 para nombrar una nueva Comisión de Hacienda – en la que también se nombró a un nuevo Tesorero Municipal –, la cual estaría facultada para recibir los recursos públicos que corresponden al ayuntamiento; esto, tras la renuncia de Esbeidy Vázquez Cervartes, como Tesorera Municipal de Tlaxiaco el 12 de diciembre de 2017.

La Secretaría General de Gobierno (Segego), sin embargo, de acuerdo a la controversia constitucional 276/2017 – cuya denuncia fue ampliada este año – ante la SCJN, desconoció a la nueva Comisión de Hacienda.

Este acto fue impugnado en la SCJN en el expediente 276/2017, contra la determinación de la Comisión Permanente de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local consistente en ordenar a la Secretaría de Finanzas retener materialmente los pagos de participaciones y aportaciones federales al ayuntamiento de Tlaxiaco, los enteros quincenales que por concepto de participaciones (ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación), y los anteros mensuales que por concepto de aportaciones federales (fondos III y IV del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación).

El 26 de octubre del 2017, la SCJN en el expediente 276/2017 concedió el incidente de suspensión solicitadp por el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca para que el Poder Ejecutivo se abstenga de interrumpir o suspender la entrega de recursos económicos posteriores a la mencionada fecha.

Los síndicos posteriormente ampliaron la demanda en la controversia constitucional, contra la negativa de la Segego y la Secretaría de Finanzas de darle validez a los actos y/ acuerdos tomados por mayoría calificada en la Sesión de Cabildo de fecha 5 de enero 2018, en donde se aprobó el nombramiento del nuevo Tesorero Municipal y la Comisión de Hacienda.

Así como contra la validez que pretende darle la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, a las credenciales denominadas Acreditaciones que emite la Segego a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal y/o Departamento de Acreditación sin tomar en cuenta que se cumplió con el trámite administrativo que exige esta autoridad pagar los recursos económicos que por ley le corresponden al municipio y sin tomar en cuenta los acuerdos de cabildo.

Lo anterior, porque la Segego acreditó Josafat López Cruz – designado por el presidente municipal – como tesorero municipal de Tlaxiaco, pese a que su nombramiento no se dio en sesión de cabildo como obliga la Ley.

Josafat López fue reconocido por la Segego a través de Antonio Cabrera Villalba, quien dictamina la acreditación de las autoridades municipales por el sistema de Usos Normativos Internos y de Partidos Políticos.

De acuerdo con los abogados, Cabrera Villalba debió cerciorarse que Josafat López contaba con los requisitos legales que avalaran su nombramiento, pero esto no sucedió, acreditó a una persona inexistente para el Ayuntamiento de Tlaxiaco.

Pese a las presuntas irregularidades, la Secretaría de Finanzas ha depositado las participaciones que corresponden al ayuntamiento a través de las cuentas 0111403354, 0111403389, 0111403443 abiertas en BBV BANCOMER plaza 2001, sucursal 175, con domicilio en Plaza Mazari, ubicada en Calzada Porfirio Díaz en la ciudad de Oaxaca y que aparecen a nombre del presidente municipal Oscar Eduardo Ramírez Bolaños y de Josafat López Cruz, de quienes afirman es un Tesorero Municipal nombrado y reconocido de manera ilegal.

La denuncia señala que estos son actos arbitrarios por el uso indebido de atribuciones del presidente municipal de Tlaxiaco, quien sin rendir cuentas del dinero que maneja, tampoco informa a la comunidad el destino de los recursos que le son depositados en su cuenta personal provenientes de la Secretaría de Finanzasy avalado por la Segego.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó dar vista del caso a la Procuraduría General de la República (PGR), según se desprende del expediente 276/2017.

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