Despenalizar el aborto durante las 12 primeras semanas del embarazo; propone dictamen

Toda mujer tendrá derecho a recurrir a la interrupción del embarazo durante sus primeras 12 semanas sin que sea objeto de penalización alguna, de acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Oaxaca, que legaliza la práctica del aborto en la entidad y que se prevé que sea votado el próximo miércoles.

Además, de acuerdo con el documento, la sanción máxima para las ciudadanas que recurran al aborto después de la doceava semana de gestación (tres meses) pasará de cinco años de prisión, como se establece hasta el momento en el Código Penal del Estado, a seis meses de prisión o hasta 300 días de trabajo comunitario.

En la entidad, los delitos cuyas sentencias sean menores a tres años de cárcel pueden compurgarse con el pago de una suma económica.

El proyecto a discusión

Para materializar la nueva normativa, la Comisión avala, a propuesta de las diputadas Hilda Pérez Luis, Laura Estrada Maura y Rocío Machuca –militantes del partido Morena–, modificar el contenido del artículo 312 del Código Penal del Estado de Oaxaca a fin de que la nueva redacción establezca que “aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.

Se agrega que para los efectos del Código Penal “el embarazo es parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

Con ello, se anularía el precepto vigente que indica que “aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Por su parte, en la reforma al artículo 313 del mismo Código se reitera que ninguna persona podrá obligar a abortar a una mujer; no obstante, contempla una reducción de la sentencia a quien incurra en aquella práctica, pues, de recibir luz verde, el castigo sería de tres a seis años de prisión y no de tres a ocho años de prisión, como actualmente se estipula.

No obstante, en caso de que exista violencia física o moral, la sentencia continuará siendo de seis a 10 años de prisión como ocurre en la actualidad.

De aprobarse, la articulación del artículo 313 sería la siguiente: “Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada. En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos en el presente Código.

“Al que hiciere abortar a una mujer, sin el consentimiento de ésta, se le aplicarán de tres a seis años de prisión, se cual fuere el medio que empleare. Si además mediare violencia física o moral, se impondrá al infractor de seis a 10 años de prisión”.

En más sobre estas reformas, el artículo 315, que actualmente habla de las sanciones en contra de las mujeres que recurren al aborto indica lo siguiente: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias: Que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima.

“Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de uno a cinco años de prisión”, subraya.

La reforma plantea que la redacción sea la siguiente: “Se impondrán de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otra persona la haga abortar, una vez transcurridas las primeras 12 semanas de gestación.

“Igual pena se le aplicará al que haga abortar a la mujer con el consentimiento de ésta, en los términos del párrafo anterior. En este caso, el delito de aborto únicamente se sancionará cuando se haya consumado”.

Finalmente, el artículo 316 del Código Penal, que hace referencia a los casos en los que las mujeres que abortan quedan exentas de responsabilidades legales, también pretende ser modificado.

Hasta el momento, el precepto dice lo siguiente: “No es punible el aborto en los siguientes casos: Cuando el aborto sea causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea producto de una violación y decida la víctima por medio de sí y por sus representantes legítimos la expulsión del correspondiente producto, con intervención médica y dentro de los tres meses, contados a partir de la violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo este dictamen de otro médico, siempre que esto sea posible y no sea peligrosa la demora; cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según el previo dictamen de dos peritos”.

La Comisión de Procuración y Administración de la Justicia plantea que se derogue la primera acepción y que el artículo 316 quede de la siguiente forma: “Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: Cuando el embarazo sea resultado de una violación, independientemente de que exista o no denuncia sobre dicho delito previa al aborto; cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, a juicio del médico que la asista; cuando a juicio de un médico especialista exista razón para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos y mentales en el mismo, siempre que se tenga consentimiento de la mujer embarazada”.

Se prevé que el dictamen sea puesto a consideración del Pleno para su votación durante la sesión del próximo miércoles.

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