Pide Obrador a Poder Judicial trato justo y libre de corrupción en caso Tilzapote 

Pide Obrador a Poder Judicial trato justo y libre de corrupción en caso Tilzapote 

23 octubre, 2019 No Por REDACCION

La Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió con la población de Tilzapote, ubicada en el municipio de Santa María Tonameca, a implementar los recursos que sean necesarios para impedir la ejecución de la sentencia por medio de la cual dos particulares ganaron un procedimiento judicial y ahora pretenden despojar a la población de 300 hectáreas de tierras para construir un complejo hotelero y residencial.

La abogada de los pobladores y comuneros, Edith Santibañez, indicó que el pasado primero de octubre, día en el que estaba programado el desalojo de la comunidad, lograron entablar diálogo con el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para exponerle su inconformidad con el fallo emitido por el Tribunal Agrario número 21, con sede en Oaxaca, en cuyo juicio se habrían suscitado actos irregulares, por lo que el mandatario ordenó una mesa de trabajo entre los pobladores y la Segob y la Procuraduría Agraria Nacional.
Santibáñez refirió que los dos particulares que lograron la resolución judicial a su favor, Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera (representados por un abogado identificado como Ramiro Ruiz Bravo), nunca lograron probar ser comuneros de Tilzapote o haber vivido en algún momento en ese lugar desde el momento de su fundación en 1950 y, a pesar de ello, las autoridades fallaron a su favor para tomarlos como dueños verdaderos de las tierras sobre las que se fundó el núcleo rural, que cuenta con dos escuelas, un mercado y una clínica de salud.
En más al respecto, señaló que los ciudadanos a los que pretenden desalojar nunca fueron asesorados en su lengua originaria y el defensor de oficio que llevó su caso nunca aportó las pruebas conducentes para demostrar que Tilzapote, perteneciente a Santa María Tonameca, es una población asentada de manera legal.
Santibáñez señaló que son alrededor de 18 personas, entre políticos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado y empresarios los que verdaderamente están detrás de las 300 hectáreas antes mencionadas y que, ahora,ante la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, buscan desistirse de la ejecución de la sentencia, pero a cambio de que el gobierno federal y estatal les paguen el costo de esas tierras a un precio de 8 millones de pesos por hectárea; es decir, 2 mil 400 millones de pesos.
“Existe un proyecto que se llama Esmeralda de María Uno, donde piensan hacer esta construcción, este proyecto de zona hotelera y de residencia; atrás de ellos, lógico, hay muchos funcionarios, políticos, empresarios, que están detrás de todo este proyecto”.
–¿Tiene el nombre de algunos de esos políticos y empresarios?
–Tengo medidas de protección porque he tenido muchos amenazas. Los nombres no los puedo dar, pero sabemos quiénes son: son 18 personas las que están detrás de este proyecto e incluso ya tenían contrato (para llevar a cabo la obra) con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Sin embargo, después del primero de octubre, fue una “instrucción del Presidente de la República, también al Gobernador, que atiendan ese tema porque palabras más palabras menos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo el compromiso de que Tilzapote no va a ser despojado, (que) las familias que ahí habitan, que son más de 100 familias, no van a sufrir un despojo o un desalojo.
“Diré también que había muchas órdenes de aprehensión, algunas fueron ejecutadas. Estuvieron siete personas de la tercera edad privadas de su libertad. Hemos conseguido la revocación de las órdenes de aprehensión de otras 25 personas. Dieron instrucciones de una investigación a fondo porque estamos presentando, o presentamos ya porque todo ya lo entregué a la Secretaría de Gobernación, y están haciendo su trabajo de investigación y tenemos la confianza de que no se vaya a despojar a las familias de esta comunidad”.
El próximo 25 de octubre se llevará a cabo en Oaxaca una nueva reunión entre funcionarios federales y estatales y la comunidad involucrada, en busca de una estrategia adecuada por medio de la cual puedan echar abajo la sentencia del Tribunal Agrario número 21.