A días de vencer plazo del PJF, Congreso aprueba Ley de Consulta Indígena

Luego de varios meses de retrasos pero además, a una semana antes de que venciera el segundo y último plazo impuesto por el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de Oaxaca finalmente aprobó el decreto para crear la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca.

El polémico dictamen, fue aprobado ayer con 32 votos a favor en una sesión extraordinaria efectuada este miércoles, minutos después de que el proyecto fuera presentado en primera lectura.

El plazo fatal, antes de que el Poder Judicial comenzará el proceso de desacato en contra de los 42 legisladores oaxaqueños, lo que pudo haber derivado en su separación del cargo, vencía el 30 de enero.

Según el Congreso oaxaqueño, el ordenamiento fue elaborado “con las aportaciones realizadas por la ciudadanía, académicos, autoridades municipales, núcleos agrarios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y representantes populares, así como diputados federales e integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre muchos otros, a lo largo de 16 foros regionales, un foro estatal y trabajo coordinado de cuatro comisiones unidas”.

La propuesta final de la Ley de Consulta Indígena para Oaxaca, estuvo a cargo de las Comisiones permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, Administración y Procuración de Justicia, Democracia y Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y consta de 81 Artículos distribuidos en 24 Capítulos, siete Títulos y cinco Transitorios.

El octubre pasado, el Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en Oaxaca dio un nuevo plazo, impostergable, de cuatro meses para que el Congreso local cumpliera con la sentencia de amparo confirmada por un Tribunal Colegiado el cuatro de abril pasado y la cual lo obligaba a articular y emitir la Ley de Consulta Indígena, Libre, Previa e Informada del Estado de Oaxaca.

Luego de incumplir el primer plazo, que venció el pasado 30 de septiembre, el juzgador impuso, ahora, como fecha fatal, el 30 de enero de 2020, con la advertencia de que, de incumplir nuevamente, el Juzgado multaría a los 42 integrantes del Poder Legislativo oaxaqueño con 100 unidades de medida, alrededor de 8 mil 500 pesos según los parámetros de 2019, además de que comenzaría el proceso de inejecución de sentencia y, con ello, la destitución de cada uno de los legisladores.

Al respecto, el presidente de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales, promovente del amparo, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había solicitado al Juez Décimo Primero de Distrito que la ampliación del plazo fuera de siete meses y venciera hasta el 30 de abril de 2020, con el argumento de que sólo así podría cumplir con la calendarización estipulada para el proceso.

Sin embargo, la justicia federal le ordenó al Poder Legislativo de Oaxaca apresurar los tiempos y terminar el proceso el 30 de enero, si es que sus integrantes no querían ser sancionados.

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