Congreso de Oaxaca omiso; no fiscaliza recursos utilizados en pandemia

El Congreso de Oaxaca es uno de los 32 del país que ha omitido acciones para dar seguimiento a los planes, programas, acciones y recursos que impulsa el Gobierno de Oaxaca a fin de contener la propagación de la pandemia por Covid 19, según reportes emitidos por la Unidad para la Transformación de los Congresos de Transparencia Mexicana.

Tras una revisión de las acciones de vigilancia y fiscalización iniciadas desde los poderes legislativos locales, Transparencia Mexicana identificó que sólo uno de 33 órganos de fiscalización superior, incluida la Auditoría
Superior de la Federación, ha anunciado el inicio de un programa de auditoría especial derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas.

Al respecto, señaló que se trata del órgano de fiscalización superior del estado Sonora, que inició cuatro auditorías en tiempo real vinculadas a Covid-19.

Transparencia Mexicana refirió que en 2016, un grupo de organizaciones civiles, sociales y académicas impulsó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del país y se aseguró de que la ley previera circunstancias como las que ahora vive el país y que los órganos de fiscalización superior contaran con herramientas jurídicas y técnicas para enfrentar tal situación y ello no dé pie a malversaciones de recursos.

Sin embargo, a más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales.

Transparencia Mexicana resaltó que la función más importante de los congresos además de legislar, es la vigilancia del Poder Ejecutivo, siendo responsables de aprobar el presupuesto público y también de su vigilancia.

Indicó que en una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales.

Lamentablemente, agregó, un número importante de los Congresos del país ha suspendido actividades por completo y de los 33 órganos técnicos que cumplen funciones de fiscalización en su nombre, 24 han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, y 14 de los 33 han suspendido completamente sus actividades.

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