Omisiones e impunidad, a un mes de masacre en San Mateo del Mar, acusan

A un mes de la masacre de 15 personas, ocurrida el 21 de junio en la agencia de Huazantlán del Río en San Mateo del Mar, no hay justicia, las autoridades estatales de no reportar avances sobre las investigaciones de aquellos hechos, denunciaron pobladores de esta comunidad apoyados de organizaciones sociales quienes se concentraron esta mañana el Zócalo de la capital de Oaxaca.

A través de una conferencia de prensa, y de una protesta frente al Palacio de Gobierno, acusaron que la Fiscalía General del Estado se ‘aletargado’ en el avance de la investigación a raíz de la influencia y presión de los funcionarios como Adelfo Regino Montes y Anabel López Sánchez, así como de Organizaciones No Gubernamentales y de la injerencia del Antropólogo Alejandro Castaneira Yee Bie a quienes señalaron como cómplices de esta masacre.

Ante esta situación, exigen no más impunidad y agilicen la detención de los autores intelectuales y materiales de aquella masacre ocurrida esta comunidad enclavada en la región del Istmo de Tehuantepec.

De esta masacre, donde torturaron y calcinaron a 13 hombres y dos mujeres, señalaron como autores intelectuales y materiales a un grupo armado encabezado por Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramírez Nolasco, Iván Mateos López y José Luis Chávez Salinas, este último quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Río.

Además de estos asesinatos, denunciaron, dejaron gravemente heridos a otras 16 personas de las comunidades de Huazantlán del Río, Colonia Juárez Costa Rica, Laguna Santa Cruz y Primera Sección de San Mateo del Mar quienes mantenían una protesta pacífica en la agencia municipal de Huazantlán, debido a que el día 2 de mayo del presente año un grupo de hombres, mujeres y niñas fueron sacados de sus domicilios para ser encarcelados, golpeados y torturados e incluso hasta violaron a las mujeres, expone el comunicado que circularon durante la conferencia de prensa.

Recordaron que todo este conflicto comenzó a partir de que quienes se ostentan como autoridades de la agencia de Huazantlán del Río hicieron en semanas previas un bloqueo de paso hacia la Agencia de Santa Cruz en donde se iban a celebrar las fiestas patronales, bajo el afán de generar conflictos para desestabilizar a la región para así favorecer sus intereses.
“Pero ahora sus intereses han escalado a un grado muy grave, en el que ya no solo se trata de hechos violentos, sino de genocidio y feminicidio.
“Torturaron, quemaron vivos y asesinaron a 15 de nuestros ciudadanos, incluidas 2 mujeres que no hacían más que por su propia convicción defender su derecho de manifestación pacífica en la cual reclamaban que en semanas previas habían sido violados sus derechos como ciudadanos y ciudadanas al haber sido detenidas y retenidas en contra de su voluntad por quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Río”.

Los hechos, aseguraron, fueron orquestados por dichas personas y respaldados por quien se dice ser jefe de plaza de un grupo de la delincuencia organizada llamado Gualterio Escandón alias “Gual Perol”.

Aseguraron que en su momento se realizaron los llamados urgentes a las autoridades estatales y federales para proteger la integridad de las personas que en ese momento había sido violentados por las personas ya señaladas, denunciaron.

Y es que los dos grupos políticos que se disputan el control de la zona se acusan mutuamente de haber orquestado el ataque, aunque hasta el momento se sabe que las víctimas fatales simpatizaban con el grupo afín al presidente municipal de la población, quienes mantienen pugnas con la Unión de Agencias y Colonias de San Mateo del Mar.

En su escrito, acusaron que los organismos de Derechos Humanos como la CNDH, se han abocado a realizar una investigación tutelando las garantías de los agresores y victimarios, reuniéndose con los autores de estos crímenes, lo cual aseguran no genera confianza a una investigación imparcial, por tanto piden que estás indagatorias no estén inducida por organizaciones afines con Anabel Sánchez y Laura Fiallo, expusieron en su desplegado.

El pasado 26 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de la población de aquella municipalidad istmeña, a efecto de garantizar su vida, la integridad personal, el patrimonio y su seguridad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó al gobierno de Oaxaca dar cumplimiento de manera urgente a esos protocolos y determinar de manera pronta el trasfondo de la agresión y ejercitar acción penal en contra de los responsables.

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