La lucha por el derecho al sufragio de las personas procesadas

Carlos Morales Sánchez[1]

La penitenciaría de Santa María Ixcotel huele a humedad y a tristeza. Es el palacio de la desolación. Sus paredes blancas y guindas separan a las personas privadas de su libertad de las que no lo están. Dentro de esos muros suceden y han sucedido miles de historias que aún no tienen un narrador. En el interior de las altas paredes conocí a personas que posteriormente se volvieron mis amigos.

Mi trabajo de defensor público federal me obligaba a visitarles los domingos. Conocí a personas indígenas, empresarios, campesinos, mujeres, líderes de la sociedad civil, médicos, servidores públicos, políticos en desgracia, estudiantes, personas extranjeras indocumentadas y un sacerdote, entre otras.

Como parte de mi trabajo de defensor conocí todas las cárceles de Oaxaca y algunos Ceferesos en México. Algunas cárceles oaxaqueñas ya fueron desaparecidas como las de Putla y Jamiltepec.  La visita dominical era necesaria para construir las estrategias de defensa, pero sobre todo para transmitir un poco de paz.

Ixcotel, está situada en una hectárea de terreno de la 28ª Zona Militar. Parece más grande pero no lo es. Antes era una caballeriza de la Sedena. Ahí guardaban sus caballos. Y a partir de los 70 se volvió una prisión civil. Detrás de la penitenciaría están los juzgados penales del fuero común.

Entre la penitenciaría y los juzgados penales existe un pasadizo. Las personas privadas de libertad que tienen audiencias en los juzgados penales y de control pasan por ahí. Pero a los internos no les gusta ir a las audiencias porque el protocolo les quita mucho tiempo. Cada audiencia significa coser menos balones, elaborar menos bolsas de rafia, tejer menos hamacas y el tiempo, incluso en la prisión, apremia.

Hasta el 12 de diciembre de 2013, Ixcotel, albergó a mujeres y hombres. El día de las lupitas fueron trasladados al nuevo reclusorio de Tanivet. En Ixcotel, la sección de mujeres estaba colindante con la zona de los juzgados. Era un espacio reducido. Pero en ese espacio la vida florecía. Había conversaciones y alegría mientras se cocinaba y lavaba ajeno.

La conocí en el 2010. Se llamaba Micaela pero todos le decían Micky. Había sido detenida con 48 gramos de marihuana en un municipio colindante a la ciudad de Oaxaca. Ella utilizaba la marihuana para las reumas. Platicaba con ella. Me acuerdo de su cabello entrecano y su mirada apacible. El juez le había dictado auto de formal prisión por un delito contra la salud sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.

El juez, en el auto de formal prisión, le había suspendido sus derechos políticos electorales, es decir, no podría votar ni ser votada. Ella tenía sus convicciones políticas. Participaba activamente con un partido político. Cuando le expliqué que su derechos a votar habían sido suspendidos preguntó ¿entonces no podré votar en las elecciones para gobernador el cuatro de julio? ¿Qué no dicen que soy inocente mientras no se compruebe lo contrario? ¿Cómo es que no puedo votar?

El razonamiento de Micky era perfecto. Si el principio de presunción de inocencia establecía que ella era inocente hasta que se demostrara lo contrario y eso sucedería hasta que hubiera una sentencia condenatoria firme, había argumentos para sostener que ella tenía derecho a votar estando procesada en prisión. Nos estábamos adelantando al futuro.

Promoví un Juicio de Protección a los Derechos del Ciudadano ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pedí que la Sala Superior ejerciera la facultad de atracción pero no quiso entrarle y la devolvió a Xalapa.

El argumento toral era que el auto de formal prisión dictado en su contra no elimina el derecho a la presunción de inocencia (pues esta determinación no era definitiva y por lo tanto debería permitírsele votar). Cité argumentos basados en el derecho comparado. Las personas procesadas deberían tener derecho a votar aun estando presas. El JDC llevaba por número SX-JDC-306/2010.

La Sala Xalapa no acogió el planteamiento. Perdimos por dos votos a uno. Pero para la historia quedó el voto particular de la magistrada Claudia Pastor Badilla quien nos dio la razón. Ella dijo: “Considero que debe acogerse la pretensión de la actora para sufragar en las elecciones a celebrarse en Oaxaca este cuatro de julio de dos mil diez.”

Tendrían que pasar nueve años para que la visión cambiara.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas el 20 de febrero de 2019, emitió una sentencia en la que reconoce la posibilidad de que las personas procesadas puedan votar en las elecciones del 2021: (SUP-JDC-352/2018). Ahora el INE tendrá la responsabilidad de su aplicación. Instalará casillas en las penitenciarías. Micky siempre tuvo la razón pero el Tribunal Electoral no estaba preparado para esa conversación.

A mediados del 2010, Micky obtuvo su libertad. Jamás volví a verla.

[1] Abogado zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C. Profesor de posgrado de la UABJO, BUO, CIDAE, URSE, Anáhuac y UNACH. Promueve casos paradigmáticos ante la SCJN.

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