Piden a la FGR investigar crímenes de lesa humanidad de 2006 y 2007 en Oaxaca

Con 28 votos a favor el Congreso de Oaxaca de la 64 Legislatura, aprobó hoy un exhorto a la Fiscalía General de la República para que inicie de oficio las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el movimiento social en los años 2006 y 2007.

Lo anterior, fue aprobado este día a través de una sesión ordinaria, donde reconocieron que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del ex procurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez

Así mismo del ex director de la Policía Ministerial Daniel Camarena Flores, y de comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en mayo de 2007.

“Quienes sabemos de la represión gubernamental al movimiento social de Oaxaca de 2006 y 2007, celebramos el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión, pues marca un parteaguas en el quehacer gubernamental en el abordaje de los crímenes cometidos por el propio Estado en el régimen pasado.

Si bien, dijeron es una muestra de la profunda transformación política que está viviendo el país, pero para que la demanda sea real, es indispensable, acabar con la impunidad sobre los crímenes cometidos al amparo del poder gubernamental, expusieron los legisladores morenistas.

Los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz cometieron detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistemática y generalizada, expone el comunicado.

“Arcadio Fabián Hernández. Eleuterio José Jiménez Colmenares. Lorenzo Sampablo Cervantes. Alejandro García Hernández. Emilio Alonso Fabián. Esteban López Zurita. Bradley Ronald Will. Raúl Marcial Pérez. Alberto Jorge López Bernal. Estos son los nombres de las personas asesinadas durante el conflicto que la Comisión de la Verdad calificó como ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que existen elementos suficientes para sostener que fueron asesinados por agentes gubernamentales, y se trató de crímenes de Estado. Que todos responden a una forma de operar, que incluyó la acción del gobierno para la eliminación de pruebas que podrían conllevar a encontrar a los autores materiales e intelectuales”, denunciaron los legisladores.

Estos crímenes, dijeron, continúan en la impunidad, y sin una línea de investigación que pueda llevar a la verdad y a la justicia.

“Las detenciones durante el conflicto social de 2006 y 2007 fueron realizadas de manera arbitraria, acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes, y tortura; en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, prohijados por el propio gobierno”.

Expusieron que las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad le llevaron a concluir que existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; el director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y el coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, entre otras personas.

“La misma Comisión estableció la responsabilidad del Senado de la República, por desatender la solicitud de desaparición de poderes, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en el estado de Oaxaca”.

“La Comisión consideró que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes a nivel nacional derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”.

Por esa razón, y reconociendo que los procesos contra los funcionarios por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituyen un avance significativo para el arribo a la verdad y a la justicia.

“No habrá justicia mientras los criminales sigan en la calle, cárcel para Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz”.”Cárcel para Genaro García Luna y Manuel Vera Salinas”.

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