Solicitan intervención del MNPT, para garantizar la salud de la población interna en penales del país

Organismos civiles solicitaron la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para garantizar la salud de las personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios del país, ante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

A tres meses y medio de que la pandemia de Covid-19 alcanzara las prisiones mexicanas, aseguraron que el horizonte penitenciario es adverso: no se han atendido las malas condiciones de internamiento, hacinamiento y sobrepoblación; las autoridades estatales han demostrado un desinterés para transparentar la información, así como para la realización de pruebas.

Mientras que el Monitoreo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha quedado rebasado para visibilizar el crecimiento e impactos de la pandemia en la población penitenciaria.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para tomar acciones frente a las violaciones a derechos humanos contra las personas privadas de libertad en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

“Como organismo facultado para monitorear los centros penitenciarios y asegurar que se garanticen todos los derechos de las personas al interior, consideramos urgente la intervención del Mecanismo, en primer lugar, debido a que la falta de acceso a la salud al interior de los centros penitenciarios es considerada como tortura, pues ésta se presenta con cualquier acto que genere un menoscabo a la integridad, dignidad o que disminuya o anule la personalidad”.

En segundo lugar, puntualizaron, porque el riesgo al que se exponen las personas privadas de libertad es altísimo, al no contar las cárceles con las medidas suficientes y adecuadas para hacer frente a la pandemia, situación que representa un atentado constante contra su integridad física y emocional; y en tercer lugar, es el Estado quien está obligado a proteger a todas las personas contra actos de tortura y esta obligación se traduce, según el ex Relator de Tortura de la ONU Juan E. Méndez, en garantizar condiciones dignas de los centros penitenciarios.

Advirtieron que una de las consecuencias de que los actos de tortura sean sistemáticos y generalizados en México, es que los Centros de Reinserción Social del país son igualmente conocidos como entornos torturantes.

En situaciones normales, sostuvieron, las cárceles no son capaces de garantizar a las personas privadas de libertad su derecho a la salud ni otros aspectos relacionados con su integridad; ahora, bajo el contexto de emergencia sanitaria, se han convertido en lugares de alto riesgo de contagio y propagación del Covid-19.

Si bien se ha emitido un pronunciamiento con cinco recomendaciones, las condiciones de las cárceles se mantienen en las mismas, o peores, condiciones.

“Es importante recalcar que, aún en los contextos más difíciles para una nación, la tortura no debe ser solapada. Al contrario, estos contextos son los que hacen aún más necesaria la prohibición absoluta de este tipo de actos, razón por la cual la pandemia que actualmente atravesamos no puede constituir una justificación para suspender, restringir o limitar el derecho a la prohibición de la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, especialmente si tomamos en cuenta la vulnerabilidad continua de la cual son víctimas las personas privadas de libertad, por depender totalmente de las autoridades penitenciarias para la satisfacción de sus necesidades básicas.

“Atendiendo a la situación actual, así como a la falta de higiene y condiciones salubres dentro de los centros penitenciarios del país, se hace imperativo activar todos los mecanismos necesarios para proteger de la manera más efectiva la integridad de las personas privadas de libertad, en específico, su derecho a la salud”.

Por ello, apuntaron que la labor del Mecanismo es, ahora, más importante que nunca: debe realizar las visitas para las cuales está facultado, recopilar la información necesaria y denunciar de manera formal las omisiones estatales que han generado tantos perjuicios en contra de las personas privadas de libertad.

“Instamos a las autoridades competentes de este órgano, a realizar las acciones para las cuales no solo están expresamente facultadas y constituyen el objeto de su existencia, sino también y, sobre todo, respecto de las cuales existe un mandato internacional de prevención, investigación y sanción de cualquier acto de tortura, como una norma absoluta e inderogable de derechos humanos”.

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