Un “grave retroceso”, reforma al CNPP propuesta por el gobernador Alejandro Murat: ONGs

Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) propuesta al Senado de la República por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, representa un grave retroceso al desarrollo del sistema de justicia penal, aseguraron 60 organizaciones de la sociedad civil.

El sistema, explicaron, debe proteger los derechos de las víctimas e imputados, respetar el principio de igualdad procesal y operar con los controles, contrapesos y estándares altos; lo cual, se perdería con la propuesta del mandatario oaxaqueño.

Entre los argumentos de Murat, recordaron, son los problemas agudos de inseguridad y de procuración de justicia que sufre el país y que mezcla con “verdades con lugares comunes y falacias” como la “puerta giratoria”, como síntoma absoluto de la falta de eficacia del sistema.

“Lo que nos preocupa es la solución propuesta para esos problemas, basada en enmiendas o adiciones desarticuladas y fragmentarias a artículos del CNPP”.

Las organizaciones sociales explicaron que estas reformas en conjunto, abren la puerta a un mayor encarcelamiento indiscriminado, a la expansión del populismo penal y a la vulneración de derechos.

“Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, lo dijo así durante la presentación ante el Senado: ‘Se trata de darle dientes al Estado’”, mencionaron.

Uno de los cambios más alarmantes son los que se refieren al concepto de presunción de inocencia y medidas cautelares, porque se imponen medidas cautelares sin vinculación a proceso y plantea la obligación del juez de determinar e imponer medidas cautelares en el periodo de retención ministerial, violando la presunción de inocencia.

“Recordemos: si las medidas cautelares se imponen antes de ser vinculado a proceso es porque el imputado hace uso de un derecho exclusivo de la defensa. No debe ser una atribución del fiscal y el juez”.

Una segunda modificación es sobre la ampliación de los riesgos de fuga para aplicar la prisión preventiva oficiosa. La propuesta de Murat establece agregar como consideración de riesgo de fuga el hecho de que el imputado tenga procesos penales o administrativos previos por conductas dolosas. Eso implica una violación al principio de inocencia y una presunción de culpabilidad, así como una estigmatización para aquéllos con antecedentes penales y una promoción al punitivismo.

La reforma plantea que si el fiscal acusó por un delito distinto al que probó, será obligación del juez corregir dicho error, lo que lo convierte en parte, cuando éste sólo debe dirigir la audiencia; aquí se trata de una violación al principio de congruencia de la acusación hecha por el ministerio público.

Actualmente, tanto la Constitución como el CNPP vigente prevén el derecho del imputado a guardar silencio, pero la propuesta de reforma establece que durante la etapa de juicio o en cualquier otra etapa del proceso, si el imputado decide declarar, éste tendrá entonces la obligación de responder a todos los cuestionamientos realizados por las partes o el juez. Esto merma los derechos procesales del imputado, es inconstitucional e inconvencional.

Finalmente busca la formalización de la cuasiflagrancia y golpe a la libertad personal: cambios en las formas de conducción del imputado al proceso penal.

“Ser acusado de un delito y por alguna razón no cumplir con un citatorio del fiscal serían suficientes para presumir riesgo, actuar con cautela, solicitar una Orden de Aprehensión y, por tanto, restringir la libertad personal. Se incentiva así la fabricación de actuaciones para obtener órdenes de aprehensión a diestra y siniestra, y se derogan garantías de seguridad, como la puesta inmediata a disposición del juez”.

Además de que propone que basta el señalamiento de una sola persona para que se configurara la detención en flagrancia, lo cual Implicaría la formalización de criterios inconstitucionales que la SCJN ya ha resuelto.

“La probabilidad de que esta propuesta presentada por el gobernador de Oaxaca sea promovida por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y que se busque su votación en el periodo extraordinario de sesiones, es grande”, advirtieron las organizaciones civiles.

Por ello, hicieron un llamado urgente para que legisladores, gobernadores y funcionarios se abran a una discusión abierta, incluyente y reflexiva. Los datos y evidencia que expertos, académicos y sociedad civil han generado sobre la operación del sistema acusatorio, establecieron, deben ser tomados en cuenta antes de seguir proponiendo soluciones fragmentarias, contraproducentes y sumamente regresivas.

Entre las organizaciones que rechazan la propuesta de reformas al CNPP están Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Borde Jurídico, Causa en Común, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

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