Plantean eliminar figura de prisión preventiva oficiosa de procesos judiciales

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso, a través de una iniciativa, eliminar el catálogo de la figura punitiva de prisión preventiva oficiosa de la Constitución Política.

El legislador sin partido y ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que en materia de justicia no se ha construido un modelo democrático, sino uno de regresión con algunos cortes autoritarios.

Icaza, que en el pasado proceso electoral sostuvo una alianza con el hoy ex candidato panista Ricardo Anaya, señaló que la violación al principio constitucional de presunción de inocencia y al derecho al debido proceso, es una grave consecuencia de la prisión preventiva oficiosa.

Lo que se ha hecho, dijo, es una reforma que ha generado una colisión de derechos en consistencia con lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha ratificado.

Destacó que los gobiernos neoliberales apostaron al endurecimiento de las penas como medida para contener la inseguridad, pero sin éxito. El problema está esencialmente en la capacidad técnica instalada en el actuar de los operadores de justicia y el personal sustantivo en agentes del ministerio público, peritos y policías, pues genera incapacidad en materia de procuración de justicia, aseguró.

El problema de la “puerta giratoria” no se resuelve con la aplicación generalizada de la prisión preventiva oficiosa, en tanto que la solución al problema judicial está asociado a la deficiente actuación de los operadores de las instancias de procuración de justicia, sostuvo.

Se debe devolver al Poder judicial la posibilidad de realizar valoraciones individualizadas, razonadas y necesarias de acuerdo con cada caso particular.

Con esta reforma, apuntó, el segundo párrafo del Artículo 19 Constitucional queda de la siguiente manera: El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

Next Post

Deuda pública contraída por el Estado costará a oaxaqueños 3 mil 500 pesos

mar Sep 8 , 2020
A pesar de que se desconoce con exactitud cuál es el destino que tuvieron aquellos recursos presupuestales obtenidos de manera extraordinaria por éste y otros gobiernos estatales, cada ciudadano oaxaqueño, indistintamente de su estrato social, “debe” a instituciones bancarias un monto de 3 mil 502 pesos producto de los pasivos […]