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Rechazan proyectos mineros en 30 comunidades de Oaxaca

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Un grupo de personas de 30 comunidades de la región Valles Centrales de Oaxaca anunciaron su oposición a cualquier proyecto o política que favorezca la explotación minera en esos territorios.

Tras sostener una reunión en el municipio San Antonino Castillo Velasco, en el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, denunciaron desde hace más de 10 años, sus territorios fueron concesionados a diversas empresas mineras sin su consentimiento.

Hasta el momento 90 mil hectáreas de los Valles Centrales se encuentran en peligro, según afirmaron, principalmente por la explotación minera por las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp.

“Dichas empresas han impulsado a Oaxaca como el octavo estado de la república en explotación de oro y plata, sin embargo para nuestras comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles a nuestro medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos”, aseguraron.

De la misma manera, dijeron que han denunciado ante las instancias federales y estatales, la violencia “desmesurada” con la cual operan dichas empresas en sus territorios pero que no han recibido ninguna respuesta de las mismas, “por lo que en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, las comunidades zapotecas de los Valles Centrales, declaramos nuestros territorios como “prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”.

“Ante la negligencia y contubernio de las autoridades y la opacidad y violencia de las empresas mineras”, agregaron, “hemos tomado la decisión de constituirnos en la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, por lo que nos declaramos en alerta máxima ante la imposición de diversas concesiones y proyectos mineros en nuestros territorios.

Sus acuerdo fueron los siguientes:

  1. Manifestamos nuestro compromiso en seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, cuidar y defender el agua que nos da la vida, así como todos los bienes comunes presentes en nuestros territorios.
  2. Nuestros ejidos y comunidades son territorio prohibido para la minería, dicha prohibición incluye toda actividad que tenga por objeto modificar o extraer los bienes comunes de nuestro territorio.
  3. No firmaremos ni autorizaremos ningún tipo de permiso, convenio, contrato, documento o instrumento legal, que tenga por objeto extraer nuestros bienes comunes.
  4. No autorizaremos el cambio de uso de suelo para realizar actividades mineras en los territorios municipales.
  5. Nos reconocemos como parte del Pueblo Zapoteco, por lo que asumimos el compromiso de defender nuestros territorios desde nuestras asambleas, de manera organizada, pacífica y por todos los medios legales.
  6. Rechazamos el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA-FANAR) que pone en riesgo nuestra propiedad social.
  7. Convocamos al Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca con el objetivo de hacer frente al modelo extractivo, visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas en Oaxaca ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros. Dicho Juicio se realizará los días 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca.

Sus exigencias:

  1. Cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.
  2. Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso.
  3. Cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán. Reiteramos que no cuentan con nuestro aval, ni consentimiento para realizar ningún trabajo en nuestros territorios.
  4. Exigimos se detenga la criminalización y agresiones hacia las y los defensores, movimientos y medios de comunicación en defensa de los territorios.
  5. Expresamos nuestra condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo y Valles Centrales.
  6. Nos pronunciamos en contra de los asesinatos como medio para dirimir los conflictos internos por la tierra, principalmente entre San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec. La violencia desmedida no se trata de situaciones aisladas, tal como lo ha colocado el Gobernador del Estado de Oaxaca, estas acciones responden a intereses particulares, por lo que no existe una efectiva atención del Estado en estos hechos. Exigimos al Estado garantice la paz entre comunidades.
  7. Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos donde fueron desaparecidas 3 personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos.
  8. Responsabilizamos a las autoridades por cualquier agresión, criminalización o amenazas que se susciten en el marco de nuestra defensa del territorio, exigimos se garantice el derecho a la información, libre expresión y manifestación, derechos reconocidos constitucionalmente.
  9. A las autoridades electas les expresamos que no permitiremos ningún proyecto minero en nuestra región bajo ninguna circunstancia, exigimos el respeto a nuestra determinación: ¡ni una concesión o proyecto minero más en nuestros territorios! ¡cancelación de las concesiones mineras otorgadas desde hace diez años!
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