Admite Congreso de Oaxaca demanda de juicio político vs Raúl Bolaños

Álvaro MORALES

El Congreso del Estado dio entrada a una solicitud de juicio político promovida en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, quien es acusado de incurrir en el delito de usurpación de funciones al haber aceptado el cargo que ostenta actualmente siete años después de haberse jubilado.

La demanda, presentada por el abogado Rafael García Zavaleta, exige que aquel personaje sea separado de su función, procesado penalmente e inhabilitado “de manera permanente para no desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

La petición, integrada por 17 páginas, radicada en la Comisión Instructora de la 63 Legislatura, afirma que en marzo de 2017 Bolaños Cacho “se autonombró” magistrado del TSJE y simuló ser magistrado para que se le nombrara Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, con lo que incurrió “en violaciones graves” a las disposiciones de la Constitución Política de México, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior, refieren los documentos, porque el político priista, a partir del primero de enero de 2010 comenzó a gozar de su jubilación como magistrado, por lo que a partir de ese momento, según lo dispuesto por el artículo tercero fracción tercera de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado, se convirtió en “una simple persona particular”.

“El licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán tiene el carácter de jubilado, en razón que desde diciembre de 2010 (sic), renunció al cargo de magistrado para poder jubilarse y como consecuencia, por disposición de las leyes laborales, fue indemnizado con el pago de todas sus prestaciones, asignándose mensualmente una pensión como jubilado, cantidad que es fácil de entender que sigue cobrando aún en este momento”, sostiene la demanda.

“Así que al jubilarse el señor licenciado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, cesó, terminó y quedó sin efectos su nombramiento de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que desde el 1 de enero de 2010, es un simple particular e impedido para que fuera indebidamente nombrado nuevamente como Magistrado y como integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado”, añade.

Para volver a ostentar una plaza como magistrado, asevera, Bolaños Cacho tuvo que haber esperado una convocatoria de selección de aspirantes emitida por el propio Tribunal Superior y, posteriormente, haber cumplido con una serie de requisitos y exámenes ante el desaparecido Consejo de la Judicatura.

Una vez hecho lo anterior, apunta, Bolaños tuvo que aparecer en una terna propuesta por el Gobernador del Estado para que, a partir de ella, el Congreso del Estado eligiera al nuevo integrante del TSJE.

La documentación asegura que el actual presidente del Poder Judicial no cumplió que ninguno de esos pasos.
Por si ello no fuera suficiente, subraya, cualquier magistrado con aspiraciones de convertirse en Presidente del Tribunal tiene que presentar el requisito ineludible de haber integrado sala durante un periodo mínimo de tres años, lo que tampoco cumple el acusado.

La Comisión Instructora del Congreso local citó hoy al mediodía al demandante para que ratifique su petición y comenzar el procedimiento respectivo.

Rafael García es un personaje que encabeza a un grupo de abogados que desde el año pasado comenzó a interponer diversos recursos legales en contra de la designación de Raúl Bolaños como presidente del Tribunal.

En la actualidad, existen otros dos procedimientos que caminan de manera paralela con la petición de juicio político: un amparo promovido ante la justicia federal que se encuentra en etapa de revisión tras un sobreseimiento decretado por un Juez de Distrito y una proceso de recusación para que la Fiscalía General del Estado investigue de manera directa los presuntos delitos en los que ha incurrido Bolaños tras asumir su cargo.

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