En el gobierno de Alejandro Murat: 5 masacres y más de 60 muertos por conflictos agrarios en Oaxaca

El estentóreo claxon del taxi despertó a Catalino José Ventura, eran las cuatro de la mañana del 8 de agosto de 2018; con sus ojos apenas entreabiertos vio a su esposa Cecilia José Hernández y a su hija Adelaida preparándose para salir. Adelaida hace esfuerzos por despertar a su hija de 10 años, quien siempre la acompaña en sus salidas de Vista Hermosa, localidad del municipio San Juan Ñumí en la que viven, pero no lo logra.

  • ¿Por qué tan temprano llegó ese taxi? – le preguntó en mixteco a su esposa, sin levantarse de la cama.
  • Pues vamos a ir a Huajuapan porque nosotros pedimos y si no vamos no hay otro taxi más – le respondió.

Catalino había olvidado que la noche del día anterior, Cecilia le pidió cinco mil pesos para ir a su cita médica en la clínica Peña que se encuentra en Huajuapan de León, municipio de la región Mixteca de Oaxaca porque además de pagar la consulta médica debía hacerse unos estudios y comprar los medicamentos, también pensaba comprar un pollo rostizado para comerlo a su regreso. Cecilia de 55 años de edad sólo habla mixteco, por eso su hija de 31 años de edad y su nieta siempre la acompañaban para servirle de intérprete a lo que le dijera el médico.

  • Sale pues, vayan y luego regresan, yo me hago cargo de todo lo que hay – fue lo último que les dijo esa mañana.

Ninguna de las dos regresó. El taxi en que viajaban fue emboscado por un comando abordo de una camioneta blanca en el paraje Rancho Señor, sobre la carretera que comunica a las poblaciones Santa Catarina Yutandú y Tezoatlán de Segura y Luna. Según el único sobreviviente, la camioneta rebasó el taxi y posteriormente se detuvo en una curva; unos sujetos armados dispararon primero contra el chofer del taxi, Elías Vásquez Reyes, y después ráfagas de disparos contra los ocupantes del vehículo salieron de entre los arbustos. Esa mañana fueron asesinados además, Juana Ventura José de 41 años, un menor de 10 años de edad llamado Uriel Cruz Ventura y Alma Cruz Ventura de 17 años. En total, seis personas asesinadas a sangre fría y el joven Abel Cruz Ventura de 19 años, herido de gravedad.

Son cerca de las nueve de la mañana del ocho de agosto, Catalino apura el paso para llegar a la tienda de Liconsa, la cual atiende por ser un cargo o encargo dentro de la comunidad de Vista Hermosa que se rige por usos y costumbres, agencia municipal de San Juan Ñumí y una de las siete localidades que conforman el núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñama. Está a punto de llegar a la tienda cuando fue interceptado por uno de los habitantes de la comunidad.

  • Sabes qué, sucedió algo en el camino de Tezoatlán, de los que van por ese rumbo de Huajuapan – le dijo
  • ¿Y qué les pasó? – inquirió Catalino.
  • No, pues dicen que mataron a todos los que van en un taxi. ¿En cuál taxi va tu esposa?
  • Pues llegó Laco (apodo con el que identificaban al taxista Elías Vásquez).
  • Pues dicen que a Laco lo mataron.

Ojalá que haya pasado a mis familiares en otro taxi – pensó en voz alta – ¿Será cierto?, ¿estás bromeando? – dijo a su vecino. – No, yo estoy diciendo bien claro – le recalcó.

Catalino quería llorar, el vacío que ya traía en su estómago por no desayunar se convirtió en un enorme boquete; pero reaccionó y con esperanzas caminó con rapidez a la tienda que cuenta con teléfono para pedirles que llamaran al celular de su esposa Cecilia. Tenía la esperanza que le respondiera la llamada y que le dijera que ya estaban en Huajuapan, esperando a ser atendidos por el médico de la clínica Peña.

Pero un vehículo que conducía recio se le acercó y uno de los ocupantes lo llamó con señas.

  • Tengo prisa – les gritó.
  • No, vente – insistieron.

Catalino se acercó al vehículo con disgusto. La preocupación y el miedo lo inundaban, y la malla que rodea su vientre por una serie de operaciones realizadas desde el año 2012 primero del apéndice, luego de una úlcera gástrica y finalmente de una hernia, empezaron a causarle mucho dolor; mismas que lo obligaron a sus 55 años dejar de trabajar en el campo y en el cuidado de su ganado.

  • Por favor, busca el acta original de Adelaida y Cecilia. Ni modos, lamentamos por perdimos a dos de nuestra gente de esta comunidad (el resto de las víctimas eran originarias de Peña Colorada, localidad vecina a Vista Hermosa.

Estas palabras sepultaron cualquier respuesta de Catalino, reencauzó el camino hacia su casa. El dolor en su cuerpo producto de su enfermedad y operaciones, la pérdida de su esposa e hija que en aún se negaba a creer y el no saber dónde se guardaban esos documentos, lo hizo batallar un buen rato. Por fin los encontró y subió al vehículo, quien lo llevaría hasta el paraje donde ocurrió el crimen. Cuando llegó, muchas personas se amontonaban para ver el taxi baleado y las víctimas de la emboscada.

La masacre en Rancho Señor cobró la vida de seis personas, cuatro mujeres, un hombre y un menor de 10 años de edad. La viuda del taxista Elías Vásquez está segura que el móvil del crimen es el conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec.

*******

En lo que va del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa (del 1 de diciembre de 2016 al 28 de agosto de 2018) se han registrado cinco multihomicidios o masacres cuya una de las primeras líneas de investigación es los conflictos por límites de tierra.

Antes de los hechos en Rancho Señor, el 16 de julio de 2018, 13 personas de Santa María Ecatapec en la Sierra Sur de Oaxaca fueron asesinadas en los límites de San Lucas Ixcotepec, población con la que mantienen una conflictividad agraria. En el ataque presuntamente a manos de comuneros de Ixcotepec, una persona más resultó herida.

A estas dos masacres se suma la desaparición y asesinato el 30 de enero de 2017 de cinco personas en San Francisco Jayacaxtepec, presuntamente a manos de las autoridades municipales, quienes habrían prendido fuego a las víctimas y arrojado sus cuerpos a un barranco, los cuales fueron encontrados dos meses después; el asesinato de cinco hombres, entre ellos dos menores de edad, en San Pedro Mártir Quiechapa a manos de sus vecinos de Santiago Lachivía; el homicidio de cinco mujeres en el paraje Tres Cruces, también supuestamente por el conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, el tres de junio de 2017.

En total 33 víctimas mortales en cinco hechos violentos en los que una de las líneas de investigación es la disputa agraria, pero que también se han dejado entrever otras posibles relacionadas con siembra de cultivos ilícitos de marihuana y amapola, o de delincuencia organizada como el robo de autos, entre otros.

Los crímenes permanecen impunes. A excepción de San Pedro Mártir Quiechapa, caso en el que la Fiscalía General de Oaxaca detuvo al agente municipal de Santiago Lachivía, Paulino Vásquez Miguel, como probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja de cinco personas; en el resto, no hay ningún detenido.

En el mismo periodo, pero en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, se registraron igual número de hechos violentos o masacres, según un recuento realizado por BUZOS. Diez personas fueron emboscadas y asesinadas el 14 de mayo de 2011 en Santiago Choapam en donde el móvil del crimen presuntamente se debió a un conflicto poselectoral, el 25 de julio de ese mismo año en los límites de San Lucas Camotlán y San Miguel Quetzaltepec, asesinaron a cinco indígenas y seis más resultaron heridos y el cinco de agosto, tres personas fueron acribilladas en San Juan Copala.

Durante el segundo año – el 2012 – de la administración del ex mandatario estatal, el 27 de junio seis personas mueren en un enfrentamiento por un conflicto agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán y el 30 de junio cuatro personas son asesinadas en la agencia municipal de San Antonio Monterrey, Salina Cruz. Un total de 28 víctimas en el mismo lapso de tiempo que en la actual administración.

En los seis años del gobierno de Gabino Cué se registraron 12 masacres presuntamente relacionadas con conflictos agrarios, que sumaron 70 víctimas; hechos entre los que destacó además, el asesinato de 11 personas – las cuales fueron baleadas con armas de grueso calibre y sus cuerpos calcinados – en el paraje Tres Cruces, en los límites entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec.

El presidente del Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria, Carlos Moreno Derbez, sostuvo que no se puede afirmar fehacientemente que todas estas muertes estén relacionadas con los conflictos agrarios y que es probable que se deban a otros factores – como la delincuencia –.

Pero aseguró que tampoco se trata de hechos aislados que no representan un problema para la gobernabilidad del estado, como se ha referido en todas las ocasiones a estos hechos el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Históricamente, dijo, la tenencia de la tierra en Oaxaca ha sido un rasgo importante y característico de los conflictos, enfrentamientos y actos de presión; los cuales, propuso, requieren de la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos. Sobre todo, una política para prevenir que derivado de las disputas agrarias continúen registrándose más muertes.

“Acabaron, barrieron con mi familia porque era todo lo que tenía. Tengo mi patrimonio: cuatro toritos, cinco pollos, tres burritos y cuatro borregos, quién lo va a cuidar ahorita eso. Yo estoy incapacitado, desde 2012 mi esposa me cuidaba económicamente, todo y físicamente, porque yo ya no puedo trabajar”, expresó Catalino José, a quien le sobrevive un hijo que cursa estudios universitarios, una hija que vive en el estado de Guerrero y su nieta.

Y agregó: “Lo bueno que mi nieta no despertó para ir con su mamá, siempre no (se) queda pero yo creo que fue la voluntad de Dios, que ella como que quedó bien dormida, no despertó para ir con su mamá”.

******

El pasado 10 de mayo de 2020, el representante de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Fabián Pereda Pereda, denunció que aproximadamente 150 indígenas triquis fueron agredidos con armas de fuego. En el ataque armado un hombre de 27 años de edad murió.

Los hechos ocurrieron, relató, el pasado domingo 10 de mayo cuando se realizaba un tequio comunitario tequio comunitario de limpieza en los límites de la comunidad de San Pedro Chayuco. Entre las personas agredidas, dijo que se encontraban niños, mujeres y adultos mayores.

En el ataque armado afirmó que se utilizaron armas de alto poder como cuernos de chivo.

“Cuando se encontraban en el carril de la brecha del lugar, fueron balaceados indiscriminadamente, por aproximadamente 50 pobladores mixtecos de San Pedro Chayuco, quienes emboscaron cobardemente a ciudadanos indefensos, que se encontraban realizando pacíficamente su tequio, como se había acordado previamente con dicha comunidad en dos reuniones anteriores”.

En los primeros tres años del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa más de 60 personas fueron asesinadas por asuntos presuntamente vinculados a conflictos agrarios en diferentes comunidades del estado.

Mientras que de acuerdo con la misma Secretaría General de Gobierno (Segego) en Oaxaca están vigentes poco más de 400 conflictos agrarios o de límites, principalmente concentrados en las regiones Valles Centrales, Mixteca y Sierra Sur.

Al estado oaxaqueño se le reconoce una superficie total de 9 millones 536 mil 400 hectáreas, de las cuales siete millones 784 mil 695 corresponden al régimen de la propiedad social o tierras comunales o ejidales y solo un millón 751 mil 705 hectáreas conformarían la superficie de propiedad privada.

Es decir, el 81.3 por ciento del territorio estatal se encuentra bajo el régimen ejidal o comunal y solo el 18.37 puede catalogarse como propiedad privada; la propiedad social se encuentra acreditada a favor de 1 588 núcleos agrarios, en donde 853 son ejidos y 735 son comunidades agrarias, según la información oficial.

Además, de los tres millones 801 mil 962 habitantes, solamente 394 mil 652 se encuentran registrados legalmente como ejidatarios o comuneros y de estos últimos alrededor del 50% se trata personas que ya fallecieron.

Para el líder de la organización Unidad, Identidad y Raíces de Oaxaca (UNIN), Efraín Solano Alinarez, estas cifras explican la permanente conflictividad que se manifiesta en el estado motivada generalmente por la defensa del territorio e indican que el régimen de propiedad colectiva y la existencia de pueblos indígenas son el primer reto a resolver en los conflictos en el territorio oaxaqueño.

Entre las causas, advierte que si bien el territorio forma parte de la identidad de una población en el momento de clarificar los derechos de propiedad los miembros de una comunidad no logran diferenciar los tres tipos de propiedad, los criterios excluyentes ni los límites técnicos jurídicos que prevalecen sobre las pretensiones históricas.

“Así como la contradicción de derechos que se manifiesta en la lucha de quienes habiendo perdido o no haber logrado acreditar el derecho que reclaman, buscan con sus títulos primordiales acreditar las tierras que pretenden; y en el proceso del reparto de tierras hubo un crecimiento desordenado de los asentamientos humanos, propiciando que las líneas de colindancia fueran surgiendo asentamientos en donde el territorio ejidal o comunal, no correspondía administrativamente al mismo municipio del núcleo propietario de las tierras”.

“Uno de los problemas más álgidos es cuando se enfrentan quienes se ostentan como pequeños propietarios con los comuneros que se amparan con su Resolución Presidencial, como es el caso de Los Chimalapas”.

A esto se agrega que se han acentuado las inconformidades de comunidades y organizaciones indígenas, sobre todo de la región del Istmo por la presencia del capital extranjero que mediante maniobras poco claras y con la complicidad del Estado han logrado la concesión de grandes extensiones de territorio y suscritos convenios ventajosos para ellos dejando en la indefensión a los verdaderos dueños de las tierras.

Solano Alinarez señala que también debe llamar la atención sobre el papel que ha jugado un sector de organizaciones sociales, “sobre todo las clientelares-partidistas, que por décadas han traducido sus liderazgos o asesorías en grandes oportunidades para trastocar las justas demandas de los pueblos indígenas y comunidades agrarias”.

Y finalmente, los conflictos que se encuentran en las contradicciones internas entre los grupos de poder y la falta de coordinación entre las tres instancias de gobierno que “olvidan” la corresponsabilidad institucional que debe existir en la integración de lo que debe ser el Estado Mexicano.

“Para lograr desactivar esta inercia se requiere romper con la pasividad, ineficacia y perversidad política de los gobiernos federal y estatal   para integrar la fuerza del Estado en una sola dirección: la gobernabilidad. Desde luego no es fácil, porque muchos funcionarios públicos de actúan en relación al costo-beneficio político de sus acciones y de ello personalmente hemos tenido muchas y muy malas experiencias”, sostiene.

El dirigente de la UNIN también advierte que de los 25 programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos dos pueden generar o acentuar conflictos en las comunidades de Oaxaca. El primero de ellos, es el Corredor Transístmico porque va a implicar la afectación del territorio de los pueblos originarios y el segundo, el Desarrollo Minero ya que los pueblos son celosos del cuidado del medio ambiente y la preservación de sus territorios.

“En Oaxaca con seguridad podemos aseverar que el triunfo o el fracaso de las metas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dependerá de sus respuestas y   resultados que brinde los conflictos agrarios”, asegura.

Solano Alinarez propone como nueva política para atender la conflictividad agraria en la entidad la coordinación estrecha con los tribunales agrarios, la vinculación con el gobierno del estado tendrá que ser de respeto y de complemento que debe partir del reconocimiento de la problemática de la tenencia de la tierra como asunto del ámbito federal y estatal.

“En tal sentido la atención de los conflictos sociales e incluso políticos o económicos relacionados con la emergencia del conflicto agrario tendrá que ser en una sola dirección, superar el conflicto por voluntad de las partes o respetar la determinación de la autoridad competente”.

También propone identificar, con base en la consulta de los archivos de las instituciones agrarias federal y estatal y en estudios sociológicos y antropológicos, los conflictos más graves y sus alternativas de solución en el corto y mediano plazo; para los desastres naturales existen fondos económicos, en el caso de los conflictos agrarios debe decretarse un fondo permanente disponible para atender los conflictos en vías de solución en cualquier fecha del año.

“Los conflictos agrarios son conflictos sociales y no policiacos por lo tanto debe revisarse las atribuciones legales y evaluar las fortalezas y debilidades de los organismos agrarios existentes para rediseñarlos o, en su caso, designar a una coordinación interinstitucional que se responsabilice de la atención y solución de todo tipo de conflictos agrarios”, finaliza.

Next Post

Pobladores de la Sierra Sur de Oaxaca denuncian abandono de los SSO

mié May 13 , 2020
Habitantes de San Jacinto Tlacotepec y Santa Cruz Zenzontepec, comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, denunciaron abandono de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), luego de que el personal de su Hospital se encuentra en paro laboral desde hace dos meses. Lo anterior, dijeron priva de la atención […]