Cámaras de seguridad a sobreprecio, con fallas y a una empresa bajo investigación

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSP) pagó más de 547 millones de pesos a la empresa Picorp de México S. A. de C. V. para la instalación de seguridad electrónica y otras plataformas tecnológicas en el Centro Penitenciario de Tlacolula de Matamoros conocido como penal varonil de Tanivet, a precios “inflados” o sobreprecios al doble de su costo real y con fallas en su operación, según un informe del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO, antes Auditoría Superior del Estado).

El documento al que tuvo acceso este medio detalla que el contrato a esta empresa, subsidiaria de Seguritech Privada S. A. de C. V., se adjudicó de manera directa por la SSP entonces bajo la titularidad de Alberto Esteva Salinas, actual director de Administración de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

A través del acuerdo número CABS/XXVIII-SO-003/2014 de fecha 31 de julio del 2014 emitido por el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo, se autorizó a la Secretaría de Seguridad Pública realizar la contratación.

El contrato a la empresa Picorp de México S. A. de C. V. número SSP/OM/DRMS/POA/AD/013/2014 fue adjudicado de manera directa el 28 de agosto de 2014 por parte de la SSP para la “Solución Integral de Seguridad Electrónica, Plataformas Tecnológicas, Equipamiento e Implementación del Centro Penitenciario de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca” y el cual consistía en la instalación de “10 sistemas implementados del centro penitenciario”.

De acuerdo con la información del OSFEO, el costo de la contratación incluido el IVA fue de 547 millones 261 mil 486.46 pesos; pero se encontró una estimación de precios de mercado, los cuales presumiblemente muestran un exceso en el cobro de los sistemas.

Lo anterior, porque el costo real aproximado del servicio contratado a Picorp de México S. A. de C. V. es de 239 millones 312 mil 282.43 pesos; es decir, 43.72 por ciento de lo que la SSP de Oaxaca pagó a esta empresa.

No sólo se pagaron precios inflados. De la inspección física realizada al centro penitenciario de Tlacolula de Matamoros, el informe señala que se constató que la seguridad electrónica, plataformas tecnológicas y equipamiento del centro penitenciario, presentan fallas en el sistema de operación.

Otra de las irregularidades encontradas es que el contrato sólo tenía establecido una vigencia de 12 meses (del 28 de agosto de 2014 al 30 de noviembre de 2016), periodo en que la empresa debía realizar la instalación de los sistemas de seguridad y los otros servicios contenidos en el contrato y tardó 28 meses en terminar el trabajo y entregarlo.

Esteva Salinas, además, adjudicó de manera directa un contrato de más de 547 millones de pesos a una empresa que sólo tenía un año y nueve meses de haber sido constituida. La fecha de creación y/o constitución de la empresa fue el 20 de noviembre de 2012.

Picorp S. A. de C. V. de México aún se encuentra entre los proveedores del gobierno de Oaxaca. En la Secretaría de Administración aparece con la clave PV5708con una vigencia hasta el 23 de julio de 2019 y con el giro comercial “construcción y/o adquisición de viviendas, oficinas y locales comerciales paras ser rentados”; mientras que en la lista de proveedores de la Secretaría de Finanzas estatal aparece con el giro comercial “desarrollar proyectos, estudios técnicos, diseño arquitectónico, interiorismo, cálculo estructural, mecánica de suelos, así como desarrollo, diseño y construcción de ingeniería eléctrica, hidráulicas, telecomunicaciones e instalaciones especiales”.

El representante legal de esta empresa es René Bustos Soler, el mismo de la Seguritech Privada S. A. de C. V. Las dos empresas comparten oficinas en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

El penal varonil de Tanivet fue inaugurado el 30 de marzo de 2016 por el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo pero aún sigue sin ser utilizado. La obra costó cuatro mil 542 millones de pesos y se edificó para albergar a un mil 584 internos con el fin de cerrar seis reclusorios en malas condiciones o que dejaron de cumplir con su función, según los datos de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra).

En junio de 2018, diputados de la 63 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la creación de un fideicomiso que permita concluir la edificación del reclusorio varonil de Tanivet, Tlacolula, ubicado a 30 kilómetros de la capital y operarlo al máximo de su capacidad.

La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal y que fue aprobada por los legisladores locales otorga la desincorporación de 19 lotes, equivalentes a 278 mil 678 metros cuadrados, “lo que le permitirá dotarlo de la infraestructura y equipamiento necesario para alcanzar la reincorporación social de los reclusos”.

Seguritech, más irregularidades

La SSP, entre los años 2010 y 2012 contrajo contratos por un monto total de 98 millones 27 mil 112.02 pesos con la empresa Seguritech Privada SA de CV para la instalación del equipo de videovigilancia para la Dirección General del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), según el reporte de adquisiciones de la misma dependencia. Las adjudicaciones se realizaron sin licitación pública a una empresa investigada en varias entidades del país por incumplimiento y por una cuestionable calidad de las cámaras de vigilancia

Al inicio de la actual administración, el Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) de Oaxaca opera únicamente con el 56 por ciento del total de cámaras de vigilancia instaladas en todo el estado, confirmó el ex subsecretario de Información y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Edgar Guzmán Contreras.

Desde la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, dice, algunas fueron dañadas dolosamente por miembros del crimen organizado y agrupaciones políticas, otras dejaron de ser funcionales por la tecnología o simplemente terminaron su vida útil y en otras tantas, fueron las condiciones climatológicas o de la naturaleza que dañaron estos equipos.

Las cámaras de vigilancia son una de las áreas estratégicas de la SSP del estado para generar información que contribuya a la prevención del delito, a mejorar la actuación de la policía estatal y a generar información que ayude a la realización de operativos de combate a la delincuencia. También forma parte de este sistema el centro estatal de atención a llamadas de emergencia, es decir, el 911.

Este centro, de acuerdo con la operación proporcionada por Guzmán Contreras operó durante el gobierno anterior como C2; es decir, nunca operó realmente – según las especificaciones de la Federación – como un C4. Uno de los requisitos es que pueda comunicarse tecnológicamente con los otros sub centros – conocidos como C2 – que existen en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Mixteca, la Costa y la Cuenca del Papaloapan y, lo cual no ocurría.

“La administración pasada entrega el centro diciendo a los oaxaqueños que había un C4 cuando no lo había; lo que había era un C2 grande con cuatro sub centros. Puedo afirmar esto porque un requisito para que se pueda llamar C4 es que pueda tener subcentros con los que se comunique de manera tecnológica”.

Cuando el nuevo gobierno encabezado por Alejandro Murat asumió el poder, sólo 281 de las 498 cámaras de vigilancia que existen en la entidad funcionaban.

“La administración anterior puso cámaras fijas, de las baratas que en ese entonces había y son cámaras que no tienen un buen zoom y cuando haces un acercamiento a un rostro o las placas de un vehículo, van perdiendo, hay unas pocas cámaras estandarizadas”, precisa.

Un grupo menor de 60 de estos equipos logró ser reparado, pero se tuvo que desmantelar otras que ya no tenían arreglo para poder repararlas; asimismo, se reubicaron en posiciones más estratégicas, según la incidencia delictiva con base a “mapas de calor”. Invertir en reparar el resto de cámaras no es viable, a causa de que la Federación aumentó el perfil de requerimiento de estos equipos.

“La Federación aumentó el perfil de requerimiento para una cámara, ya deben tener zoom, el poste está más blindado, botón de pánico. De una cámara que costaba 20 mil pesos ahora deben adquirirse de 60 a 70 mil pesos, más costo del poste y su colocación”, afirma.

Con estos requerimientos se adquirieron 116 cámaras de vigilancia nuevas, con un costo de alrededor de seis millones 250 mil pesos que incluye el poste y la colocación; hasta este año, es que se recibirán los nuevos equipos.

Una de las razones por las que no se invirtió el recurso público en la adquisición de nuevos equipos de vigilancia que reemplazaran a los obsoletos, según explicó Guzmán Contreras, es porque la anterior administración anterior dejó los servidores que reciben y guardan toda la información, a punto del colapso.

El trabajo se enfocó en actualizar equipo y servidores que estaban a “punto de tronarse” por su antigüedad y que de colapsar no podrían dar tampoco el servicio de llamadas de emergencia; también se tuvo que adquirir equipo de seguridad para evitar que cayeran los servicios del 911 y 089. También se enfocó en que el C4 funcionara como tal al establecer comunicación tecnológica con los cuatro C2 que existen en la entidad, tanto para recibir llamadas de emergencia como la interacción entre las cámaras de vigilancia.

“Esto obligó a poner el dinero ahí que en lugar de comprar más cámaras, de todas formas se comprar 116 cámaras; es decir, hubo un gasto de seis millones 250 mil pesos para adquirir cámaras con la tecnología con los postes y criterios que establece la federación”.

Mientras que para la adquisición de servidores y equipo de seguridad se invirtieron alrededor de siete millones 400 mil pesos.

Guzmán Contreras puntualiza que no puede afirmar sí hubo o no irregularidades en la compra de cámaras de vigilancia o equipo para el C4 durante la administración del ex gobernador Gabino Cué. Sin embargo, mencionó que tanto la Fiscalía General Anticorrupción como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental le han solicitado información.

“Están revisando punto por punto a todas las secretarías, sí me han pedido muchísima información. Están trabajando, pero lo que sostengo es que sí me han solicitado información. Dejemos que hagan su trabajo”, manifesta.

El subsecretario de Información y Desarrollo Institucional, Guzmán Contreras, detalla que el C4 ayuda a generar información para la toma de decisiones en la realización de operativos y genera piezas informativas de inteligencia para identificar en qué zonas hay más comisión de delitos.

Por Juan Carlos Zavala

Next Post

Propone Morena que Inegi mida la riqueza y fiscalice patrimonio de los mexicanos

lun May 18 , 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, de acuerdo con una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia […]