Manuel Cantú, millonario empresario al amparo de contratos irregulares con el extinto Seguro Popular

 

Juan Carlos Zavala /

Manuel Cantú Puebla era un empresario modesto en Monterrey, Nuevo León. Sus actividades empresariales como persona física apenas obtenía contratos por medio millón de pesos – el más alto de 700 mil pesos –  anuales con el gobierno de ese estado del norte del país, de acuerdo con los informes de contratos por adjudicación directa, licitación pública e invitación a cuando menos tres personas.

En el año 2014 llegó a Oaxaca gracias a su relación con Ricardo Cid de León Ricárdez, ex secretario particular de Jorge Castillo Díaz, ex funcionario del gobierno de Oaxaca y señalado como el principal operador del ex mandatario Gabino Cué Monteagudo.

Ambos son socios en la empresa Botaneros de Alimentos Divertidos S. A. de C. V. con el objeto social “explotación de restaurantes, bares, salones para convenciones, eventos y similares; así como elaboración y preparación de todo tipo de alimentos y bebidas en sus diferentes modalidades, importación de clases de cocina, organización de tours turísticos en general, y proporcionar todo tipo de asesorías que tengan relación con el objeto social, entre otros.

Así como por sus vínculos empresariales con Iván Gutiérrez Díaz, sobrino de Jorge Castillo Díaz, a través de la empresa Inmobiliaria y Proyectos Constructivos KARTRAX S. A. de C. V., dada de alta en Querétaro y en la que también figura Tomás Carreño Polo, uno de los representantes legales de las empresas de Manuel Cantú.

El éxito económico de Manuel Cantú, nacido en la ciudad de Monterrey el 20 de marzo de 1981, dio un vuelco millonario.

Junto con su esposa Gabriela Galindo García en 2014 creó la empresa XAO TECHNOLOGIES S. A. de C. V. que en pocos meses obtendría contratos por adjudicación directa con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS – Seguro Popular) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). Desde 2015, es la empresa que se ha encargado de “prestar el servicio de osteontosis” que incluye el suministro de materiales e insumos; pero también con esta misma empresa, les ha vendido hasta computadoras y tóners al Seguro Popular.

XAO TECHNOLOGIES con Folio Mercantil Electrónico (FME), registrado ante la Secretaría de Economía Federal, fue creada ante la notaria Karla Rojas Morán con un capital de 50 mil pesos con un objeto social que va desde la importación de cualquier tipo de mercancías hasta trabajos de mantenimiento, asesorías en publicidad y la realización de encuestas.

Las actividades empresariales de Manuel Cantú, sin embargo, levantaron sospechas de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) desde 2017 y de la Fiscalía General del Estado.

Ese año, abrió la carpeta de investigación a través de la Fiscalía Anticorrupción por delito de enriquecimiento ilícito; así como derivados PGR/FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y defraudación fiscal en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), según el expediente FEMCCO/FSB/2017.

En 2015, la empresa XAO TECHNOLOGIES obtuvo un contrato con el Seguro Popular de Oaxaca por adjudicación directa con un monto de cinco millones 662 mil 207 pesos para la adquisición de material de osteosíntesis y su asistencia técnica.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), este es uno de los 25 contratos otorgados a 26 empresas por el Seguro Popular a través del sistema de adjudicación directa pese a que rebasaban el monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que en suma, ascendieron a 112 millones 473 mil 682.85 pesos.

El 20 de mayo de 2016 obtiene otro contrato con el Seguro Popular de Oaxaca bajo el mismo concepto por un monto de 19 millones 784 mil 71.72 pesos, y otro similar con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por un monto de 633 mil 706.96 pesos en diciembre de 2016 y uno más por el mismo monto el 30 de abril de 2017.

Con los SSO obtuvo el 30 de diciembre de 2017 un contrato por adjudicación directa por 10 millones 742 mil 428.47 pesos.

En 2018 obtuvo con esta misma dependencia adquirió dos contratos: uno por un monto de hasta 21 millones de pesos, signado el 25 de mayo de 2018, y en esa misma fecha, otro de 18 millones 103 mil 448 mil.28 pesos. Todos por el servicio de contratación de materiales, accesorios y suministros médicos y materiales y de cirugía (osteosíntesis).

Este año, los SSO les otorgaron otro contrato por un millón 459 mil 172.85 y el Seguro Popular de Oaxaca otro por tres millones 418 mil 374.83 pesos, este último por el servicio integral de endoprótesis total para cadera, rodilla rotatoria y sistema de fijación para columna. El Seguro Popular también le compró equipo de cómputo a través de la misma empresa por 40 mil 880.72.

Manuel Cantú creó en 2018 una nueva empresa denominada XAO Medical S. A. de C. V. con la que este año, también ya empezó a obtener contratos con los SSO.

Más irregularidades en el Seguro Popular

El Seguro Popular en Oaxaca otorgó 25 contratos a 16 empresas por el sistema de adjudicación directa pese a que rebasaban el monto máximo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que en suma, ascendieron a 112 millones 473 mil 682.85 pesos.

De acuerdo con la auditoría OAX/SEGURO POPULAR-REPSS/16 de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el ex director del Seguro Popular Rogelio Hernández Cázares habría beneficiado principalmente a cuatro empresas en la compra de kit de reactivos, servicio de oxígeno medicinal, pruebas de laboratorio y hasta en servicio de lavandería, entre otros.

También figuran entre los contratos compras de pruebas antidoping a un particular, cursos y talleres de contaduría y adquisición de llantas.

La empresa con los mayores montos adjudicados de manera directa fue Centro Promotora Internacional S. A. de C. V., quien obtuvo cuatro contratos por 47 millones 46 mil 261.69 pesos; además, están Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V. con cuatro contratos por 19 millones 398 mil 202.25 pesos e INFRA del Sur S. A. de C. V. con cuatro contratos por ocho millones 904 mil 947.09 pesos.

Asimismo, se encuentra la empresa JM Lavanderías S. A. de C. V. que obtuvo indebidamente dos contratos por un monto total de 12 millones 404 mil 478.52 pesos. Según la revisión fiscal a estos recursos, el Seguro Popular no entregó pruebas del gasto con esta empresa por 12 millones 86 mil 274.77 pesos.

La dependencia también adquirió pruebas antidoping con un particular de nombre Diego Armando Ramos Estavillo con un costo de 777 mil 200 pesos; llantas con la empresa Servillantera Mayorista S. A. de C. V. por 641 mil 884.24 pesos y pagó dos talleres y cursos de contabilidad con Macedo Urquiza y Asociados por un monto de 750 mil pesos y Despacho C. P. Elio T. Zurita García y Asociados S. C. también 750 mil pesos.

Para la adquisición de material de osteosíntesus y su asistencia técnica contrajo un contrato por cinco millones 662 mil 207 pesos con la empresa XAO Technologies; para mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico sostuvo contratos con Comercializadora MTS por tres millones 968 mil 639.13 pesos, con Servicios de Ingeniería en Medicina de Oriente por 474 mil 290.36 pesos, Biomedical Instruments por un millón 366 mil 944 pesos y con Todo para la Salud de México GAATL por un millón 474 mil 360 pesos.

En tanto que adquirió pruebas de laboratorio por 991 mil 371.51 pesos con la empresa ABALAT, insumos para laboratorio con Centro de Productos Médicos por 945 mil 476.56 pesos y para la contratación del servicio de “actualización de las propiedades” con Comercializadora Siete de México por 717 mil 460 pesos; esta última, dedicada a la comunicación, la mercadotecnia y la publicidad, según detalla en su sitio web.

En su informe, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ordenó “instrumentar los procedimientos de responsabilidad que resulten en contra de los servidores públicos responsables de las irregularidades detectadas, debiendo enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, copia certificada de dicha instrumentación”.

Seguro Popular pagó IVA en medicamentos

El Seguro Popular de Oaxaca también realizó pagos con el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicamentos, cuando estos están exentos de este gravamen.

La Contraloría encontró con la revisión de los auxiliares contables, las pólizas y la documentación de soporte, que el 20 de septiembre de 2015 la empresa contratista “INFRA del Sur S. A. de C. V.” le notificó al Seguro Popular que a partir de septiembre de ese año se facturaría el oxígeno medicinal con tasa 0.0% de IVA para cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para definirlo como medicamento.

Sin embargo, siguió pagando las facturas con el 16% de IVA por un monto total de 143 mil 834.88 pesos que se detalla en un total de 31 facturas por el concepto de abasto de medicamentos, material de curación y otros insumos, adquiridos con esa empresa.

INFRA del Sur, más irregularidades

INFRA del Sur emitió 324 facturas por un total de 14 millones 496 mil 391.33 pesos, de las cuales 162 fueron a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca/Seguro Popular puesto que este último se encontraba en los trámites del cambio de la razón social, y una vez que lo obtuvo, el contratista emitió otras 162 facturas por siete millones 248 mil 195.67 pesos.

Pero, fue hasta diciembre de 2015 cuando la empresa ingresó notas de crédito al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las facturas formuladas a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca/Seguro Popular.

Asimismo, con la revisión de las seis cuentas bancarias abiertas para la recepción y manejo de los recursos del Seguro Popular de Oaxaca del ejercicio fiscal 2015, a los auxiliares contables, pólizas y la documentación soporte, se encontró que se realizaron pagos con cheque de enero de 2015 a mayo de 2016 y no por transferencias electrónicas.

Para la Contraloría del Estado, el monto de estas últimas irregularidades no ha sido posible cuantificarlas.

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