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Suspenden desaparición del fideicomiso de protección a periodistas y víctimas

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El Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión a favor de los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, respecto al Decreto legislativo mediante el cual se determinó desaparecer diversos fideicomisos, entre ellos el relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El juzgado determinó, el pasado 14 de enero, que los periodistas continúen con las medidas de protección con las cuentan por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que se vean afectados por dicho Decreto.

La decisión del juzgado se logró a partir de un juicio de amparo promovido por los mismos periodistas, con acompañamiento de ARTICLE 19 en contra del Decreto publicado el 06 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se extinguieron 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros destinados a la protección ambiental, ciencia, academia, arte y deporte.

Los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman se encuentran incorporados al Mecanismo de protección y cuentan con medidas otorgadas para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa. Como parte del acompañamiento y representación de dichos periodistas, ARTICLE 19, y Equipo INDIGNACIÓN – promoción y defensa de derechos humanos-han abierto procesos penales contra particulares y servidores públicos que han participado en dichas agresiones.

En los tres casos, se han logrado diversas vinculaciones a proceso y sentencias a favor de los periodistas como víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las agresiones vinculadas con su labor periodística no han cesado.

Aunque la suspensión en beneficio de los periodistas ordena judicialmente el mantenimiento de las medidas de protección que tienen actualmente, no estableció su alcance respecto a los recursos que precisamente son destinados para implementar dichas medidas a periodistas y personas defensoras, los cuales se verían afectados por el decreto referido.

El Juzgado de Distrito también tendrá bajo trámite y análisis el juicio de amparo en el cual resultará fundamental el estudio a fondo que realice con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras, en un país como México donde las agresiones en su contra forman parte de lo cotidiano.

El día 23 de diciembre de 2020, María del Carmen Almanza Baruch, integrante del colectivo Voz y Dignidad, representada por el abogado Ricardo Humberto Preciado Jiménez, también logró que el Juzgado octavo de Distrito en San Luis Potosí concediera la suspensión provisional a efecto de que siga obteniendo el apoyo y recursos a los que tiene derecho en su calidad de víctima provenientes del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas.

ARTICLE 19 instó al Juzgado Tercero de Distrito en Mérida Yucatán y al Poder Judicial que conozca de estos amparos a fin de realizar el estudio a fondo con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Además, se exigió a la Secretaría de Gobernación informar de manera proactiva, clara, abierta y transparente un plan para garantizar durante el 2021 la implementación de medidas de protección para personas defensoras y periodistas, así como una atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país.

Finalmente, se llamó al Poder Legislativo para frenar leyes que puedan resultar restrictivas al ejercicio de derechos humanos y por el contrario, impulsar normativas que permitan resarcir una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con miles de víctimas en el país y prevenir que se sigan generando más.

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