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Advierten deficiencias para enfrentar la pandemia en penales de Oaxaca

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La organización Código DH advirtió una serie de deficiencias estructurales en los centros penitenciarios del estado de Oaxaca para enfrentar la pandemia del Covid-19, pese a al esfuerzo que realiza la autoridad penitenciaria.

“Aun cuando se identifica de manera general el esfuerzo que realiza la autoridad penitenciaria, también es cierto que se han observado sensibles deficiencias estructurales, previas a la declaratoria de la emergencia sanitaria de la pandemia por lo que daremos cuenta efectiva y oportuna de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias”, señaló.

La organización civil recordó que tras el incremento de contagios por Covid-19 registrados en los centros penitenciarios Varonil de San Francisco Tanivet y el Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, Oaxaca, promovieron un amparo para garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Con ese recurso interpuesto desde el 6 de junio de 2020, Código DH demandó la protección de la justicia federal a favor de las personas que se encuentran privadas de libertad, sus familias y personal que labora en los centros de reclusión, derivada de la situación generada por el Covid-19.

Así como la urgente necesidad de implementar acciones para prevenir y evitar su contagio, así como para garantizar el derecho a la vida, salud, trato digno e integridad personal de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la asociación civil, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la resolución número 1/2020 denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020, insta a los estados parte a que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia.

En esta resolución se puntualiza que las autoridades deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo. Tales como las personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas que viven en pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.

“Es importante señalar en este sentido que, en atención al amparo promovido y a la intervención del órgano jurisdiccional, las autoridades penitenciarias sostienen que han ampliado sus acciones preventivas y de atención a los casos por Covid-19”, explica.

Las condiciones de vida en los centros penitenciarios del estado, apuntó Código DH, han sido y son consideradas como un tema de atención prioritaria.

“Por eso seguiremos insistiendo y exhortando a las autoridades sobre la necesidad de mejorar dichas condiciones para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y que éstas tengan la posibilidad de un internamiento digno durante la pandemia”.

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