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Recursos para el campo en Oaxaca: un recorte de 63.9% en 2021

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Juan Carlos Zavala /

Los recursos federales asignados a Oaxaca a través de los presupuestos de egresos para la agricultura y el desarrollo rural se redujeron en un 63.9 por ciento en comparación con el último año de gobierno del entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

Paralelamente, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador – a través de los diputados federales de Morena – desapareció dos terceras partes de los programas destinados a este sector de la economía y uno de los más vulnerables, dadas las características del campesinado oaxaqueño.

En el año 2018, se destinaron a Oaxaca 747 millones 100 mil pesos en nueve programas: Concurrencia con Entidades Federativas, Desarrollo Rural, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, Información Estadística y Estudios (SNIDRUS), Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa y Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa.

Para 2019, el presupuesto se redujo a 420 millones 500 mil pesos para los programas Concurrencia con Entidades Federativas, Desarrollo Rural, Información Estadística y Estudios (SNIDRUS), Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa y Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa.

Es decir, los diputados federales de Morena avalaron recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 un total de 326.6 millones de pesos en recursos de programas destinados para la agricultura y desarrollo rural de Oaxaca.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal, a estos recortes para el campo se suma la reducción del programa de Aseguramiento Agropecuario, y que consiste principalmente en un subsidio para apoyar a los productores agropecuarios para reducir el costo de las primas o cuotas que pagan en los seguros que contratan para la protección de su producción.

Uno de los programas que los diputados federales desaparecieron fue el de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, conocido como PESA, y el cual fue creado en 2002 a iniciativa de las Organizaciones Unidas para la Alimentación (FAO) para prestar atención a las familias de las localidades consideradas de alta y muy alta marginación.

El PESA consistía en proyectos para que las familias produjeran alimentos en sus traspatios y resolver sus necesidades alimentarias. En 2018 Oaxaca recibió 348.8 millones de pesos para la implementación de este programa y los cuales dejó de recibir desde 2019.

En los dos últimos años a través del PESA, en el estado se invirtieron alrededor de 651 millones de pesos en beneficio de 30 mil familias en pobreza y pobreza extrema; es decir, aproximadamente 120 mil personas si consideran a las familias de cuatro integrantes.

Otros de los recursos que desaparecieron fueron los del programa Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva a través de los cuales, en 2018, el estado recibió 28 millones de pesos. Con este presupuesto en 2018 se contrataron 308 técnicos que se contrataron para apoyo especializado a alrededor de 25 mil productores de las diferentes regiones y en los diferentes sistemas producto.

De la misma forma desaparecieron el programa de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional) y por los cuales Oaxaca recibió el año pasado 25.7 millones de pesos.

Mientras que hicieron recortes al programa de Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) al reducirlo de tres millones a 1.6 millones para el ejercicio fiscal de 2019 y al de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de 58.2 millones a 44.1 millones de pesos. El programa de Concurrencia con Entidades Federativas no sufrió ningún cambio y mantuvo su presupuesto de 116.3 millones de pesos.

En 2020, los recursos asignados a Oaxaca ascendieron únicamente a 268.6 millones de pesos en los que se contempló únicamente tres programas: Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa y Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa; y finalmente, para 2021 sólo se destinaron 270.2 millones de pesos también sólo para estos tres programas.

El gobierno federal también desapareció los apoyos de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en el rubro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero ha mantenido el apoyo a la infraestructura hidroagrícola.

Una de las garantías para los campesinos ante las pérdidas de sus cosechas por fenómenos naturales u otros factores, era el aseguramiento de sus cultivos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que en el último año de gobierno de Peña Nieto se asignaron para el campo oaxaqueño 27 millones 900 mil pesos.

En 2019, el Programa de Aseguramiento Agropecuario disminuyó a 20 millones 800 mil pesos, en 2020 bajó a 10.4 millones de pesos y en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2021, ni siquiera está contemplado.

Adicionalmente, desde el primer año de gobierno de López Obrador redujeron el número de municipios en un 30.6 por ciento beneficiarios o candidatos a formular un Proyecto de Desarrollo Territorial como parte de las zonas prioritarias a atender por el Programa de Desarrollo Rural, enfocado a pequeños productores agrícolas; al dejarlo sólo en 34 de 49 municipios con posibilidades de acceder a estos recursos.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en 2018 para Oaxaca se consideraron 49 municipios de las Zonas de Atención Prioritaria de una población de 979.5 mil personas, de las cuales el 82.8% está en pobreza y el 42.1 % en pobreza extrema.

En las dos mil 857 localidades de estos 49 municipios se produjeron 217 mil toneladas de maíz por un promedio de 43 mil 180 productores en los dos ciclos, con un rendimiento promedio de 1.7 toneladas por hectárea y con un autoconsumo promedio de maíz del 87 por ciento.

En cuanto a la producción anual en 2017 de frijol en los municipios seleccionados esta es de 4.4 mil toneladas con rendimiento de 0.76 ton/has con un autoconsumo del 88.8%.

“Considerando la canasta básica alimentaria de Coneval que calcula 106 kilos anuales de maíz y 24 kilos de frijol se estima que se requieren para el autoconsumo 103.8 mil toneladas de maíz y de frijol 23.5 mil toneladas. En las dos mil 857 localidades de los 49 municipios existen 754 tiendas Diconsa”, señala el CEDRSSA.

En Oaxaca, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa), el 45% de las localidades del estado están establecidas en el medio rural, es decir que tiene que ver con el trabajo en el campo, y en consecuencia este sector aporta el 50% de la economía estatal.

El Programa de Desarrollo Rural va dirigido a incrementar la capacidad de producir de los pequeños productores rurales, sobre de todo los ubicados en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, a fin de fortalecer la agricultura familiar.

Este esquema es uno de los que el Gobierno Federal maneja en concurrencia con el Estado, el cual tendrá una inversión de 258.5 millones de pesos en este año, aunado a que permite el acompañamiento de otras fuentes de crédito que fortalezcan las inversiones en el campo.

Para el presidente de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Sebastián López, el gobierno federal ha pretendido disfrazar estos recortes presupuestales como una política de ahorro, pero en realidad obedece al desmantelamiento de las instituciones y a una falta de operatividad de las cuales.

Esto no sólo pone en riesgo las cosechas de miles de campesinos, advirtió, sino también deja en la incertidumbre que deja el gobierno federal sobre la aplicación de una política pública que busque desarrollar el sector rural y agrícola en el país.

Sebastián López sostuvo que va más allá de la pérdida de las cosechas y plantea un problema más profundo que tiene que ver con una “política de ahorro”.

Este “ahorro”, según explicó, está relacionado primero con el desmantelamiento de las instituciones: “por ejemplo, la Sader tiene un programa de innovación tecnológica que era operado 56 trabajadores; el actual gobierno despidió a 50 y sólo dejó a seis trabajadores, que dificulta que se pueda operar eficientemente”. Lo segundo, es que el no poder aplicar los recursos, lo reintegra a la Federación bajo un supuesto ahorro.

“Hay incertidumbre porque las instituciones no están funcionando y paralelamente crearon una burocracia alterna que han llamado servidores de la nación (que no contribuyen al funcionamiento de esas instituciones”.

Mientras que la Sedapa, tendrá un presupuesto público para el ejercicio 2021 por un total de 272 millones 725 mil 757.21 pesos; sin embargo, estos recursos apenas alcanzan para cubrir el pago de salarios del personal de esta dependencia del Gobierno de Oaxaca. Los salarios y prestaciones laborales de 990 trabajadores sindicalizados y los 110 trabajadores entre confianza, mandos medios y superiores, absorben 270 millones de pesos.

El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, advirtió que, con los recortes presupuestales del gobierno federal a las actividades agropecuarias, así como la desaparición de programas de fomento productivo a la producción de alimentos, provocará que en el 2021 el país enfrente problemas para satisfacer la demanda de productos de la canasta básica alimentaria.

Para él, el Poder Legislativo federal – conformado mayoritariamente por Morena – será “responsable y cómplice del recorte al campo al otorgar un gasto raquítico presupuesto a la Secretaría de Agricultura de 49 mil 291 millones de pesos”, para el ejercicio fiscal de 2021.

En 2018, el presupuesto para para el campo fue de 74 mil 476 millones de pesos. Para el año siguiente, abundó, se redujo a 65 mil millones, mientras que en 2020 se ubicó en 47 mil millones.

Mientras que el CEDRSSA, señaló que el Programa Especial Concurrente registró un monto por 335 mil 227.6 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021; lo aprobado por la Cámara de Diputados, explicó, representa una disminución de 4 mil 643.2 millones de pesos en comparación con el presupuesto de 2020; es decir 4.7 por ciento en términos reales.

El Programa Especial Concurrente es el instrumento del gobierno federal que comprende las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

Entre otras acciones de fomento se encuentran: actividades económicas de la sociedad rural; educación para el desarrollo rural sustentable; salud y la alimentación para el desarrollo rural sustentable; planeación familiar; vivienda para el desarrollo rural sustentable; infraestructura y el equipamiento comunitario y urbano para el desarrollo rural sustentable; combate a la pobreza y la marginación en el medio rural; política de población para el desarrollo rural sustentable y cuidado al medio ambiente rural.

Mientras tanto, el año 2020 no fue bueno para los productores agrícolas de Oaxaca quienes registraron un déficit en la producción de alimentos y advirtieron una crisis alimentaria, si los gobiernos federal y estatal no implementan en lo inmediato un programa de incentivos para superar las dificultades que enfrenta el sector propiciadas por la sequía, la pandemia del coronavirus Covid-19 y el desplome económico.

El maíz, uno de los principales alimentos básicos en Oaxaca y en México, arrastra un déficit de alrededor de 400 mil toneladas para garantizar el consumo local en el estado. La producción de este básico, arrastra además, la sequía de 2019 en la que se perdieron 200 mil toneladas. Pero la situación de agrava aún más, cuando el 75 por ciento de la producción en la entidad es para el autoconsumo.

La cosecha de hortalizas, presentan una situación similar. A causa de la falta de recursos económicos de la población por la crisis económica tras la pandemia, se queda sin venta; además de enfrentar las restricciones en los mercados municipales.

El tomate, sin embargo, no ha sufrido ningún impacto en su producción ni en su precio. En febrero registró una disminución en su precio tras los inicios de la emergencia sanitaria pero se recuperó rápidamente por la escasez de este alimento en otras entidades del país.

Para él se requieren dos esquemas de apoyo. El primero, incentivos productivos (no dinero) al pequeño producto; el segundo, créditos en avío para la agricultura comercial con los cuales puedan comprar fertilizantes, semillas y otros insumos.

Este productor explica que para los productores agrícolas ni el gobierno federal ni el estatal han diseñado un programa de rescate como sí lo han hecho con los medianos, pequeños y micro empresarios a través de créditos y la causa es que el 98 por ciento de los campesinos no están en un régimen empresarial, no cuentan con RFC y no tienen empleados registrados en el Seguro Social.

En Oaxaca, detalla, hay 450 mil productores de básicos. De estos únicamente el 2% está en el régimen contributivo ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Alberto Narváez señala que está el Programa de Producción para el Bienestar (anteriormente llamado Procampo) en el que se depositan 4 mil 500 pesos a los productores con menos de cinco hectáreas pero no a todos les está llegando ese apoyo mensual.

El déficit de maíz, explica, fue causado por la pérdida de 200 mil toneladas de maíz en 2019 por la sequía. Posteriormente, con la pandemia se hicieron compras desesperadas de este básico y se terminó con el poco inventario que existía.

Liconsa, informa, ha anunciado que comprará 300 mil toneladas entre mayo y diciembre para abastecer al consumo local. Sin embargo, asegura que se requieren al menos otras 100 mil toneladas de maíz para lo que se vende en los mercados de abastos.

“Entonces me atrevo a decir que hay un déficit de 400 mil toneladas. Por la sequía, por la pandemia y por la poca atención a programas de rescate de apoyo a los básicos. Por ley se marca que los básicos hay que ayudarles, no sólo en México, sino también en el mundo”.

El presidente del Sistema Producto Tomate, Vicente Santiago Ramírez, detalló que la pandemia ha afectado principalmente a la producción de hortalizas como ejotes, pepinos y calabazas, entre otros, y que generalmente acompañan los cultivos de tomate.

Esta afectación es sobre todo por las restricciones en los mercados o tianguis que se realizaban en los distintos municipios.

“Los mercados no han estado operando, muchos compañeros han perdido algunas cosechas, sobre todo los que producen verduras como ejote; pero muchos se van a vender a Oaxaca, ahí sigue abierto el mercado pero en los municipios sí nos han afectado”.

En el caso de la producción de tomate, dice, la situación es diferente. Solo febrero bajaron las ventas y el precio bajó por el pánico de la pandemia y que propició que la gente no saliera a la calle.

Pero al siguiente mes los precios se mantuvieron estables e incluso, ha incrementado un poco por la escasez de tomate en otras entidades del país, particularmente del centro, como en la Ciudad de México y Puebla.

En Oaxaca hay un promedio de 3 mil 500 pequeños productores de tomate, quienes se han visto afectados por la elevación en los costos de producción ya que el valor de cambio de dólar se disparó.

“Esa parte sí nos está pegando porque los fertilizantes cuestan más, todos los insumos se mueven de acuerdo al dólar. El 50 por ciento de los 3 mil 500 productores está afectando”, asegura.

Vicente Santiago advirtió de una posible hambruna si no hay sensibilidad de los tres niveles de gobierno para apoyar al sector productivo agrícola; una crisis alimentaria, dijo, que traspasará las fronteras.

“Hay zonas en el mundo que no están produciendo, que están frenados, o en algún momento se detuvo la producción por un brote de coronavirus. Hay un desequilibrio en el tema de la comida.

“Necesitamos apoyos tanto económicos en el tema de facilitar los créditos, infraestructuras para el caso de los tomates o también que nos garanticen un precio de garantía, que se potencialice algunas zonas aptas para la producción. Pero hasta ahora ningún gobierno menciona el sector agrícola en sus planes de rescate”, finalizó.

El PEC no generó mejores condiciones socioeconómicas en el campo: Sader

En respuesta a las críticas por los cambios en el presupuesto y la política del gobierno federal hacia el campo, la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), afirma que el Programa Especial Concurrente (PEC) no generó mejores condiciones socioeconómicas en el campo por su orientación a bienes privados individuales.

Su regresividad, sostiene, aumenta las desigualdades regionales y entre productores; el desacoplamiento de las distintas estrategias de intervención, lo que genera duplicidad o que las intervenciones se anulen entre sí; la captura de los recursos por ciertos sectores de la sociedad rural, que genera altos costos de transacción y que una parte del recurso público se quede en el camino.

Además del excesivo número de programas que pulverizan la acción gubernamental; la falta de claridad en las poblaciones objetivo y en la focalización, lo que genera dispersión y que se atienda a productores que no presentan el problema, y el elevado burocratismo para acceder a los apoyos, que se expresa en las Reglas de Operación.

La dependencia federal abunda en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se propuso una serie de cambios en la política pública para el campo y las estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2020.

“Algunos de los ejes rectores que guían las acciones que emprenderá el nuevo gobierno son: i) economía para el bienestar; ii) el mercado no sustituye al Estado; iii) por el bien de todos, primero los pobres, iv) no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera; v) no puede haber paz sin justicia y vi) honradez y honestidad”, afirma.

De la misma forma destaca que en el eje Economía también se establecieron las directrices a seguir, como mantener finanzas sanas bajo el principio de: no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública; impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, en donde se establece que el Gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria; iautosuficiencia alimentaria y rescate del campo

“Donde se señala con precisión cuáles son las prioridades del nuevo gobierno: Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a Cafetaleros y Cañeros del país; Programa Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche; Crédito Ganadero a la Palabra; Distribución de Fertilizantes Químicos y Biológicos. Además, se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

Finalmente, asegura que el presupuesto de egresos responde con claridad a estos mandatos. “Corresponde a los lineamientos establecidos en la normatividad sobre la planeación y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH). En estos mandatos se establece con precisión que debe existir una alineación entre el PND, los programas de gobierno y el presupuesto”.

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