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Hallan irregularidades por 45.5 mdp en recursos del Fondo de Infraestructura enviados a Oaxaca

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en Oaxaca irregularidades por 42 millones 502 mil pesos en la aplicación de recursos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2019.

El monto se compone por recursos que fueron transferidos a empresas sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria por 23 millones 674 mil pesos y dos obras sin operar por 18 millones 828 mil pesos.

Además, la Auditoría Superior reportó la existencia de faltas administrativas consistentes en la ausencia de seguimiento a las recomendaciones acordadas al control interno, cuenta bancaria no exclusiva para la recepción de los recursos y falta de transparencia en el ejercicio del dinero público.

La Auditoría Superior de la Federación informó que en el caso de Oaxaca revisó una muestra de 822 millones 792 mil pesos enviados en 2019 por concepto de FISE, los cuales fueron ejecutados, mayoritariamente, por la Comisión Estatal de la Vivienda (Cevi).

En ese sentido, se informó que al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno de Oaxaca notificó que había comprometido el 99.6 por ciento de los recursos disponibles, de los cuales ya había pagado el 75.3 por ciento.

Tres meses después, el 31 de marzo de 2020, el gobierno estatal notificó haber pagado el 97.0 por ciento de los recursos disponibles; sin embargo, el ente fiscalizador determinó que los funcionarios responsables de administrar esos montos incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

La Auditoría detectó que los funcionarios realizaron transferencias sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y no reintegraron los recursos no pagados al 31 de marzo de 2020 de dos obras, una de agua potable y otra de urbanización que permanecían sin operar, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 42 millones 502 mil pesos.

Además, de ello, también fueron documentados incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2019, ya que no se reportó trimestralmente la planeación de los recursos del Fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar; asimismo, se constató que las cifras no son congruentes con la información financiera contenida del cuarto trimestre de 2019 y la del ejercicio y resultados del fondo, reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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