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Las cuentas pendientes de los precandidatos a la capital de Oaxaca

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La carrera por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez inició con el registro de los precandidatos por los diferentes partidos políticos: un edil que busca reelegirse, un exedil que busca repetir en el cargo, una diputada federal y un político que ha saltado a por lo menos tres partidos.

Todos ellos, tienen cuentas pendientes para aclarar sobre el manejo de recursos públicos. En dos de ellos, señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); en otro, por un posible conflicto de interés y el último, con irregularidades en el manejo de los recursos del Congreso del Estado y con fuertes vínculos priístas.

Hasta ahora la pugna electoral por el control político y económico de la capital del estado está entre los partidos Morena y la alianza inédita conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

La apuesta por Morena está entre el actual presidente municipal Oswaldo García Jarquín y el ex militante del PRD y Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, quien nunca ha ganado una elección y dentro de sus padrinazgos se encuentra el ex gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz.

Mientras que por la coalición PAN-PRI-PRD, se encuentra el expresidente municipal priísta de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, y la actual diputada federal panista, Alejandra García Morlán.

Javier Villacaña Jiménez

El PRI recurrió a Javier Villacaña, el ex presidente municipal que de acuerdo con la ASF a la fecha sigue sin aclarar en qué gastó cuatro millones 800 mil pesos durante su último año de gobierno en el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

En la auditoría a la cuenta pública de 2016, el organismo señaló un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 4 millones 829 mil 3.87 pesos más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones.

Lo anterior, por destinar recursos para el pago de conceptos no ejecutados en las obras con números de contratos SEDUEOP/OP/RP 009/2016 y SEDUEOP/OP/RP 010/2016; de trabajos que no cumplen con las especificaciones convenidas y con mala calidad en la obra con número de contrato SEDUEOP/OP/RP 010/2016; y por las obras con números de contratos SEDUEOP/OP/RP 003/2016, SEDUEOP/OP/RP 004/2016 y SEDUEOP/OP/RP 005/2016 que no fueron localizadas en la visita física realizada, en su caso, “deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación”.

La ASF también detectó un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 359 mil 491.48 pesos más los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016 por concepto de deuda pública que no contó con la autorización del Congreso del estado de Oaxaca ni fue inscrita en el Registro de las Obligaciones y Empréstitos del Estado y Municipios.

Así como un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 2 millones 911 mil 470.42 pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por dos proyectos financiados con recursos del fondo de los que no se acreditó la propiedad del pública de los predios donde se realizaron las obras.

Un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 21 mil 516.90 pesos (por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo; y por los rendimientos generados de un retiro de la cuenta bancaria del fondo que ya fue reintegrado.

Además de 4 millones 842 mil 89.79 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por las modificaciones en el calendario de dos contratos de obra sin contar con la autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El organismo detectó, asimismo, un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 7 millones 163 mil 959.94 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, más los rendimientos financieros generados hasta la aplicación de los recursos del fondo.

A estas irregularidades se suma un probable daño o perjuicio o ambos por 36 millones 104 mil 701.82 pesos, más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa que permita verificar el destino de los recursos.

Así como 735 mil 751.30 pesos, más los rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del destino de los recursos obtenidos con el crédito del que se realizaron pagos por amortización de intereses con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016, y que fueron contratados durante dicho ejercicio fiscal.

Y finalmente, un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 26 millones 65 mil pesos, más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del destino de los recursos obtenidos con el crédito contratado en el ejercicio 2016 y del que se realizaron pagos con recursos de Participaciones.

Oswaldo García Jarquín

El actual presidente municipal de Oaxaca de Juárez y emanado del partido Morena, Oswaldo García Jarquín, busca reelegirse en el cargo; pero el informe de la cuenta pública de 2019, advierte irregularidades por más de 11 millones de pesos, que continúa sin aclarar su destino.

De acuerdo con la ASF, se detectó un probable daño o perjuicio, o ambos, a por un monto de 3 millones 189 mil 392.67 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, por no haber reintegrado los recursos no pagados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal al 31 de marzo de 2020, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículos 17 y 21.

Y un probable daño o perjuicio, o ambos, por un monto de 7 millones 775 mil 409.14 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por pagar con recursos del FISMDF 2019 una obra de la que se programó el equipamiento para su operación.

“Por lo que no está brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo primero y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, artículos 7, 10, 20 y 22, fracción VII, y de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, numerales 2.1 y 2.2”.

Alejandra García Morlán

La diputada federal Alejandra García Morlán, quien busca la candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, no ha respondido a los contratos millonarios de que ha recibido su esposo Farid Calvo; uno de ellos, que la coloca en un conflicto de interés en sus aspiraciones políticas por gobernar la capital del estado.

El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez contrató por 11 millones 757 mil 944.97 pesos por realizar estudios y proyectos de rehabilitación en la Central de Abastos de Oaxaca a la empresa de Farid Ruiz Calvo, esposo de la diputada federal Alejandra García Morlán, quien es aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de la capital del estado con el Partido Acción Nacional.

La empresa Servicios Integrales Aring S. A. de C. V. fue favorecida con el contrato marcado con el número de servicio AUT/0677/2019 para la “elaboración de estudios preliminares y proyectos ejecutivos para la rehabilitación de la central de abastos de Oaxaca de Juárez”.

El contrato le fue asignado el 14 de octubre de 2019 y tuvo un plazo de ejecución de 120 días naturales; es decir, debió entregar los resultados de sus estudios el 11 de febrero de 2020.

Por este servicio, la empresa de Farid Ruiz – también militante del PAN – recibió un anticipo de tres millones 527 mil 383.49 pesos.

De acuerdo con el contrato, Servicios Integrales Aring se comprometió a realizar sus estudios en cinco etapas que consistieron en la elaboración de estudios preliminares y proyecto ejecutivo para la rehabilitación interna y externa de la zona de mercado seca y húmeda, rehabilitación del pasillo de puestos en el área de mercados, rehabilitación del perímetro y pasillos de las zonas modulares, rehabilitación de área de comedores y su perímetro y, para la construcción del estacionamiento de la Central de Abastos.

Para ello, sus actividades consistieron en “estudios de aforo, levantamiento topográfico, de instalaciones y vialidades, banquetas y plazas, estudios varios, preliminares (proyecto), proyecto arquitectónico, proyecto cimentación y estructura, proyecto instalaciones, proyecto paisaje y tecnologías, generadores, análisis de p.u. y presupuesto y plan de contingencias en materia de protección civil”.

En el documento se establece que Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad (IODEMC) se encargará de la gestión de los recursos por más de 11.7 millones de pesos ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca para pagar el contrato que el Ayuntamiento de la capital del estado adquirió con Servicios Integrales Aring.

La empresa de Farid Ruiz, es una de las favoritas del IODEMC: en menos de dos años le asignó cuatro contratos que en conjunto superan los 13 millones de pesos.

Jesús Romero López

Conocido como “Charbelín” por su cercana relación con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y quien en una grabación afirma que le dio dinero público como “apoyo”, Jesús Romero López, ha saltado del PRD al PT y de este último a Morena, partido por el que busca la candidatura a la presidencia municipal de la capital de Oaxaca.

Charbelín no ha aclarado su relación con el ex mandatario ni los recursos públicos que recibió del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Jesús Romero, diputado local en dos ocasiones por la vía plurinominal: una por el PRD y otra por el PT, también fue parte de una legislatura en las que jugó un rol protagónico y en las que hay irregularidades por más de 100 millones de pesos en la contratación de empresas fantasma. Periodos en los que también se ha negado transparentar el destino de los recursos públicos que ascendían a mil millones de pesos anuales.

El entonces tesorero de la 63 Legislatura local, Eduardo Javier Aldana González, precisó que únicamente 19 millones de pesos de la deuda estuvieron avaladas por Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y otros 12 millones de pesos, avalados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Sin embargo, dijo que al recinto del Poder Legislativo llegaron acreedores que elevaron la deuda adquirida por los ex diputados desde el año 2014.

“Llegó una persona a la que supuestamente se le adeuda un millón de pesos pero que no viene en hoja membretada, sino con un documento con la firma de dos personas que laboraron en el Congreso en la anterior legislatura. La respuesta que cualquier persona es que no dice Congreso del Estado, no es una factura, no es ni siquiera un pagaré”.

Se han dado casos, dijo, de empresas que vienen con documentación que si se tramitó pero que jamás quedó bajo una cobertura presupuesta o que carece de un amarre financiero para reconocer la deuda.

“Sí hay empresas que han querido venir a meter goles, con deudas que jamás se contrajeron. Como empresas que son legítimas y se corroboró ante el SAT, con actas constituidas y no están dadas de baja y se han ido cubriendo”.

Aldana González aseguró que se han detectado empresas que nunca existieron o están dedicadas al “outsourcing”.

Entre ellas, mencionó a una persona que afirmaba representar a 10 empresas a las que el Congreso del Estado les adeudaba dinero; pero cuando se verificó ante la Secretaría de Hacienda se encontró que ninguna existe. El argumento del supuesto acreedor es que todas cambiaron de razón social.

De los 19 y 12 millones de pesos que si estaban avaladas en CLC y por la Secretaría de Finanzas, dijo que se ha cubierto casi el 90 por ciento. Del resto, que ascienden a más de 70 millones de pesos y que no estaban justificadas se ha pagado alrededor del 40 por ciento, previa verificación de las empresas.

Mientras tanto, aún se continúa revisando la existencia real de las empresas, que no sean facturas de “outsourcing”, con CFDI real y timbradas, porque “si nos hemos llevado sorpresas que existen deudas desde el 2014 que no están avaladas fiscalmente”.

El tesorero Aldana González agregó que los acreedores que piensen que se están violando sus derechos, pueden demandar al Congreso si así lo desean. “Nosotros en nuestro derecho de defendernos”, concluyó, “pero hasta ahora no hay un caso de demanda”.

A través de una solicitud de información realizada al Congreso del Estado, el actual tesorero Javier Aldana de González, informó que el ocho de diciembre de 2016 recibió las oficinas de la Tesorería sin documentación ni archivo general.

Es decir, que los diputados de la 62 Legislatura no dejaron o desaparecieron los documentos que comprueban en qué se gastaron más de mil 747 millones de pesos, que ejercieron durante tres años.

La solicitud de información fue sobre los montos asignados y los informes semestrales del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros otorgados a los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Fracciones Parlamentarias, a cada uno de los Diputados, y centros de estudio u órganos de investigación.

Así como información, sobre los contratos de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Fracciones Parlamentarias y centros de estudio u órganos de investigación.

Javier Aldana, dijo que al recibir las oficinas sin documentación, “materialmente lo imposibilita al suscrito para proporcionar la información solicitada respecto a la LXII Legislatura en forma directa, pues a pesar de haber realizado una búsqueda minuciosa de la información requerida dentro de las oficinas a mi cargo, no se encontraron tales registros”.

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