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DH no son prioritarios para el gobierno, acusa Educa tras asesinatos en Paso de la Reina

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La agenda de derechos humanos no es prioritaria ni para el gobierno estatal ni para la Federación, acusó la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) tras el asesinato de cinco pobladores de la agencia de Paso de la Reina, Jamiltepec, en poco más de dos meses.

Y es que después del último asesinato en la zona, ocurrido el 28 de marzo pasado, cuando fue ultimado a tiros Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reina y simpatizante del movimiento por la defensa del Río Verde, Educa acusó que quedó en evidencia que existe un estado inoperante, donde “la frivolidad” de los gastos en imagen y acciones de promoción turística, así como de inversión en megaproyectos parece ser la única meta.

Antes del homicidio de Jiménez Ruiz, entre la noche del 14 de marzo y madrugada del 15 de marzo, fueron ultimados por un grupo armado otros tres pobladores de Paso de la Reina, identificados como Raymundo Robles Riaño, suplente del actual agente municipal, y los ciudadanos Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes.

Ello no ha sido todo, pues el 23 de enero, también fue atacado y asesinado a tiros Fidel Heras Cruz, presidente del comisariado ejidal de Paso de la Reina y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever).

En ese sentido, Educa reiteró que ante la ausencia gubernamental, el método para afrontar el clima de inseguridad que prevalece en aquella agencia municipal tendrá que surgir de la ciudadanía, de las comunidades, así como de la solidaridad nacional e internacional, porque, afirmó, en Oaxaca ha muerto la justicia.

En el mismo sentido, en su pronunciamiento, la organización, una de las que ha impulsado la instauración del Copudever, sostuvo que en Paso de la Reina predomina un clima de tensión.

La comunidad de Paso de la Reina se ha negado desde 2006 a la construcción de una presa en aguas del Río Verde (Atoyac), un proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica en la porción central del país.

No obstante, los pobladores oriundos de al menos seis municipios de aquella zona del estado han acusado que las autoridades nunca sometieron el proyecto a consideración de los pueblos, a pesar de que éste afectará de manera directa más de 3 mil hectáreas de superficie, lo que obligará a la reubicación de cientos de localidades y dejará inundadas cientos de hectáreas fértiles de cultivo, que han sido aprovechadas por ellos desde tiempos ancestrales.

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