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Conceptos y Decisiones: Adán Córdova

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Por Adán Córdova

La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el Índice de Percepción de 2019 de Transparencia Internacional, después de años de incremento constante – del 2009 al 2018 – el país se ubica en el lugar 124 de 180 evaluados en un orden descendente de los menos a los más corruptos.

Con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se calcula que en el 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción fue de 12 mil 770 millones de pesos, pero ¿Cómo devolver la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones? Ante el reto de revertir la situación descrita, en el 2015 se aprobó y publicó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, con el ideal de corregir la fragmentación institucional y normativa que ha provocado los niveles de percepción de esta descomposición social. 

No obstante el tiempo transcurrido, la política nacional de combate a la corrupción no se ha consolidado y pensar que esta labor es exclusiva del Estado o de alguno de los poderes que lo conforman, sería equivoco. Se ha requerido de la participación ciudadana para la consolidación de los avances institucionales en el país y el combate a la corrupción no es la excepción.  

Las acciones de combate a la corrupción no deben ser necesariamente globales, por el contrario, se debe focalizar la labor para evitar la disperción, ejemplo de esto es que en el 2015, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad impulsaron la iniciativa ciudadana 3de3, colocando una plataforma digital e independiente para promover y recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

A pesar los avances, para la elección del 2021, la legislación federal no prevé la publicidad de las declaraciones de patrimonio, intereses e impuestos de los candidatos; sólo en siete estados las leyes locales consideran la obligación a partidos y candidatos de presentar al menos una de las declaraciones.

Pero así como ha cambiado el país y sus exigencias, la iniciativa ha cambiado  y ahora se pretende que la exigencia ciudadana de la 3de3 se considere desde los estados. 

En Oaxaca estarán en la contienda electoral 10 curules del congreso federal, 25 del congreso local y 153 ayuntamientos; buscando que los casi 3 millones de posibles votantes puedan contar con información oportuna sobre futuros funcionarios y representantes la iniciativa es promovida por un Grupo Impulsor integrado por organismos de la sociedad civil, asociaciones juveniles, academia, instituciones públicas y Transparencia Mexicana.

El objetivo es generar un mecanismo que permita garantizar el Derecho a la Información, el seguimiento, evaluación y posible fincamiento de responsabilidades, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y consolidar el proceso democrático en el estado. 

Si la ciudadanía hace uso de la información, si los medios de comunicación, y las unidades académicas fortalecen su exigencia, es dable reconstruir el contrato social entre el Estado y una ciudadanía sólida, capaz de opinar, cuestionar, dar seguimiento y evaluar,  para cocrear, coincidir y ser corresponsable de los resultados.

La 3de3 no tiene consecuencias jurídicas en favor o perjuicio de algún candidato, pero tiene una alta posibilidad de alcanzar un impacto social dada la sujeción al escrutunio público; es una pretensión ciudadana para los aspirantes a un cargo público que puede abonar al adecuado funcionamiento de la democracia representativa y sentar las bases hacia un buen gobierno.

La elección del 2021 ha sido calificada de histórica, para ello,  se requiere que la acción y participación de la ciudadanía también lo sea, no sólo en asistir a las urnas sino en la forma de tomar y manifestar sus decisiones.  

(*) El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

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