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Familia de Claudia Uruchurtu, activista desaparecida, solicita audiencia con López Obrador

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Elizabeth, Hayde y Sara Uruchurtu Cruz solicitaron una audiencia con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en que les dé la oportunidad de discutir la desaparición forzada de su hermana Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.

Mediante un comunicado, aseguraron que existen evidencias suficientes que posicionan como principal responsable a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, por la desaparición forzada de Claudia.

Sobre el trabajo realizado por la Fiscalía de Oaxaca, expresaron, es apenas el comienzo de una serie de procedimientos de las Instituciones de Justicia del Estado Mexicano para la localización de Claudia y no dejar impune este atroz acto catalogado como crimen de lesa humanidad.

Las hermanas de Claudia Uruchurtu sostuvieron que se está ante un caso paradigmático, no únicamente en Oaxaca sino a nivel nacional e internacional y el Poder Judicial está ante la histórica oportunidad de recuperar la confianza ciudadana y conducirse de una manera incorruptible en este proceso y brinde una verdadera justicia por la desaparición forzada de Claudia.

“Confiamos en que los jueces que están conociendo el caso de nuestra hermana asuman esta tarea con responsabilidad, compromiso, sensibilidad y garantizando el respeto a los derechos humanos que como víctimas de un delito tenemos”.

El 26 de marzo, entre las 22:30 y 23:00 horas, Claudia Uruchurtu Cruz, fue privada de su libertad cerca de la plaza central del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán, después de una protesta en contra de las autoridades municipales, por la detención injusta y arbitraria de Alfonso Avendaño quien requería de atención medica por la golpiza que recibió de parte de la policía municipal ese mismo día.

Anterior a su desaparición, Claudia había realizado cuestionamientos públicos y directos, emprendiendo una lucha incesante contra las arbitrariedades y actos de corrupción de las autoridades municipales de Asunción Nochixtlán.

Claudia documentó y presentó sus denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción en Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el Congreso de la Unión del Estado, así como también ante entidades federales y diversos medios de comunicación.

El viernes 7 de mayo, la presidenta municipal de este municipio, Lizbeth Victoria Huerta, y dos personas más fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por su presunta responsabilidad en la desaparición de la activista.

“Esta acción nos da una luz de esperanza para encontrarla, que es nuestra prioridad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteradamente ha sostenido que la desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo, una violación a múltiples derechos humanos: el derecho a la libertad y seguridad de la persona; a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha sostenido que en México existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Lo anterior, dijeron, convierte a la desaparición en un crimen de lesa humanidad que afecta no sólo a la víctima sino a su núcleo familiar y a la sociedad.

Elizabeth, Hayde y Sara Uruchurtu Cruz señalaron que funcionarios del Poder Judicial (jueces) deben ser conscientes sobre la magnitud de su responsabilidad en materia de desaparición, pues son parte de esa deuda que tiene el Estado con las víctimas y sus familiares.

Recordaron que el Poder Judicial es esencial para hacer frente a las injusticias que conlleva la desaparición forzada de una persona, específicamente en materia penal, además de procesar y sancionar a los responsables.

Además, tiene también el deber de máxima diligencia en la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares, derivado de la especial vulnerabilidad en la que estos se encuentran bajo los más altos estándares internacionales, regionales y nacionales de protección de los derechos humanos, deben esclarecer la verdad; valorar el contexto estructural del fenómeno; adoptar las normas y criterios en la materia y darle visibilidad a este problema mediante la publicación y difusión de sus resoluciones.

“En tal sentido, el actuar del Poder Judicial debe ser activo, dinámico, garantista, sensible, cercano a la víctima; la protección que nos pueda brindar el poder judicial constituye la última esperanza ante la impotencia y desesperación en la desaparición de nuestra hermana Claudia”, señalaron.

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