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Colectivos de víctimas de 2006 exigen a Murat reparar violaciones de derechos humanos

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Integrantes de la Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes, Ex Presos Políticos y organismos civiles como la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), exigieron al gobierno de Oaxaca haga válida la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, para los expresos políticos del movimiento social del 2006.

Con un bloqueo en avenida Juárez frente a los Juzgados y Tribunales del Décimo Tercer Circuito, Isaac Torres Carmona presidente de la Limedh, explicó que esta reforma tiene como objetivo prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometida por el propio Estado, reconociendo el carácter jurídico de las víctimas y su derecho a la justicia y al resarcimiento integral de los daños.

Torres Carmona, también demandó que un juez federal avale la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Administrativa toda vez que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca exoneró de responsabilidad al entonces gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por las violaciones cometidas el 25 de noviembre de 2006.

En esa fecha, según explicó Isaac Torres, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz cometió una serie de violaciones a los derechos humanos y provocó que decenas de personas fueran detenidas, torturadas, encarceladas e incluso desaparecidas.

Durante su pronunciamiento, Isaac Torres, explicó que el próximo 10 de junio se cumple una década desde que se promulgó en México la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en la cual se dispone expresamente en la Constitución del estado, prevenir, investigar, sancionar y reparar las afectaciones por violaciones cometidas por el propio Estado a los derechos humanos.

Lamentaron que a principios del mandato del gobernador Alejandro Murat Hinojosa él se comprometió a sostener una audiencia con este colectivo de víctimas a efecto de tratar asuntos relacionados precisamente con dicha reforma constitucional y su implementación en el estado, sin embargo, reprocharon dicha audiencia con el mandatario, nunca llegó.

En Oaxaca la promulgación de esta reforma constitucional en derechos humanos, no se ha traducido en una sola acción de gobierno que tienda a garantizar el derecho de acceso a la justicia y el resarcimiento integral de los daños a las víctimas, proe el contrario aseguran, “persiste la impunidad, la omisión y el abandono institucional hacia la víctimas, mientras las DDHPO es cómplice y se encuentra supeditada a los intereses del gobierno del estado, manifestaron en su comunicado.

Por todo lo anterior, aseguraron ahora corresponde al poder judicial Federal al segundo tribunal colegiado en materias civil y administrativa de este décimo tercer circuito con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez resolver el amparo directo 35/2019 en todas y cada una de sus demandas, expusieron.

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