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¿Cuál es el límite entre una petición correcta y una ofensa a la autoridad?

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Por: Dimas Romero González

El vehículo oficial en que transitaba el Presidente de la República fue retenido el pasado 27 de los corrientes, por parte docentes de la sección 7 de la CNTE de ese estado, a las afueras de la región militar VII en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando se trasladaba a su conferencia matutina. Rezan la mayoría de medios de información que abordan el tema.

En los videos que circulan, se ve al Presidente pedir a los maestros que lo increpan, que acudan con la titular de la Secretaría de educación, ante lo cual le responden que ya lo han hecho y que, al igual que el gobernador del estado, no cumple los acuerdos establecidos. Ante esto, se observa al mandatario decir que no cederá a chantajes, que primero lo respetan y después se les atiende pero que ahí no habrá mesa de diálogo, que se quedará en su vehículo, porque el viene de ese tipo de luchas, inmediatamente sube la ventana ignorando a los manifestantes. Posteriormente, se le observa enviar un video a la conferencia matutina, atribuyendo el bloqueo a la CNTE, sosteniendo que no puede permitir que la investidura presidencial se maltrate, que los maestros tienen otros intereses y que ya han sido atendidos en varias ocasiones. Ahí estuvo por dos horas, hasta que sin que se le impidiera el paso, ingresó al recinto militar.

Hay suficiente evidencia para tener claro que no hubo tal retención, que López Obrador descalifica a los manifestantes con el argumento de que se le faltó al respeto, justificando con ello su negativa a brindarles atención. Es necesario analizar el suceso porque podría derivar en una próxima política obradorista.

Aunque en nuestra Constitución no se encuentra expreso el derecho a la manifestación pública, hay dos Derechos Humanos en los que se encuentra implícito: la libertad de expresión, reconocida en el art. 6°, que expresa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”; y el derecho de reunión previsto en el artículo 9°, que a la letra dice: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de una autoridad”. De lo anterior se desprende, que la manifestación con un reclamo o protesta, es precisamente una forma en que se concretan la libertad de expresión y el derecho de reunión.

En cuanto a las limitaciones a este derecho, el artículo 9° establece que las reuniones deben ser pacíficas, tener un objeto lícito y realizarse sin injurias contra la autoridad, sin armas, sin uso de violencia o amenazas para intimidar, ni podrá utilizarse lenguaje injurioso, violento, o intimidatorio. Por su parte el articulo 11°, establece que un bloqueo transgrede los derechos de terceros, en concreto el de libre tránsito, el derecho al trabajo y a la libertad de comercio.

En nuestra sociedad, que es una de las más injustas en el mundo, se han incrementado de manera exponencial las manifestaciones, y obviamente el intento de acotarlas y regularlas, cuestión que no ha proliferado del todo. Pero a pesar de ello, se observa ambigüedad en las leyes mexicanas que regulan este derecho, lo que da paso a que la interpretación de “ilegalidad” que le dan las autoridades, prevalezca por lo menos como argumento para desvirtuar este importante instrumento de defensa ante los abusos, excesos o falta de cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte de los gobernantes.

En el caso que nos ocupa, es evidente que la poderosa palabra del Presidente convierte en bloqueo, chantaje o falta de respeto lo que es una petición de atención, ante la negativa de solución por parte de las dependencias involucradas en la problemática de los maestros de la CNTE, quienes son señalados como los únicos manifestantes, absolutizando de manera tramposa la manifestación, a la que asistió personal médico que trabajó durante la pandemia y que fue despedido, personal médico del ISSSTE y normalistas, entre otros grupos. 

Este es un claro ejemplo de que las leyes en las democracias como la nuestra, son siempre un instrumento en favor de las clases poderosas y sus gobiernos. La ambigüedad permite que la interpretación sea determinada por el poder de los implicados. Por ello en nuestra sociedad basta con que la autoridad en turno declare tal o cual exigencia social como un abuso.

El López Obrador que hoy vemos, no es el que realizó múltiples bloqueos en Tabasco y causó pérdidas millonarias a Pemex y la CFE, que además, sostuvo un plantón por seis meses en la capital del país por un supuesto fraude electoral, para posicionar su papel de opositor, capitalizando así la solidaridad de los relegados y maltratados por ese gobierno represor. Su interés pues, fue político, pero ahora el critica de tener intereses políticos a todos los que cuestionan o exigen su atención, sin que para demostrar sus dichos, presente las pruebas o por lo menos los argumentos que demuestren estas ilegítimas demandas. 

Debemos magnificar el peligro que se cierne sobre nosotros, porque el Presidente, irresponsablemente, genera condiciones en las que no se tiene el control de una masa amorfa de ciudadanos que reclaman atención, poniendo en peligro a su persona y a la ciudadanía por el interés mediático de parecer cercano al pueblo, lo cual es una provocación a la violencia. Además, sus declaraciones, dada la investidura y el papel que representa, por estar al frente de las instituciones de gobierno y los cuerpos de seguridad, poseen un poder ilimitado que intimida y reprime por ese simple hecho a quien señala y acusa.

La crisis generalizada de nuestra sociedad, incluye necesariamente una crisis política. Obrador sabe que sus discursos son cada vez menos efectivos para esconder el fracaso de su gobierno, por ello, se apresta a enfrentar a los manifestantes para intimidar y empezar a colocar en el discurso público los supuestos excesos de éstos. Al igual que ha combatido a sus detractores acusándolos de conservadores, imponiendo su poderosa palabra por sobre hechos y argumentos reales, ahora se le verá combatir a las masas que se inconforman por la difícil situación que viven, esgrimiendo eso que llama su “derecho a protestar”.

Solo la unión y organización de las crecientes masas relegadas y afectadas por la política de la 4T, harán que la ley deje de ser letra muerta. Porque por más que los gobernantes, cada vez menos democráticos en nuestro país, intenten delimitar nuestros derechos constitucionales con sus omnipotentes argumentos y su autoritaria palabra, no podrán eliminar la única prueba de verdad, la realidad y los hechos concretos.

La fuerza organizada tiene que obligar a las autoridades a que demuestren que han cumplido con tal o cual demanda, que han atendido tal o cual problema político y social, como corresponde a sus obligaciones constitucionales y que, cuando esgriman que éstas no son legítimas y genuinas, lo demuestren con hechos concretos. El limite entre una genuina demanda social y la calumnia de los gobernantes debe ser definido por nuestra fuerza social.

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