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Acuerdos entre Ayutla y Tamazulapam, se tomaron al margen de personas afectadas por despojo

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La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” exigió al gobierno de Oaxaca respete y garantice los derechos a la tierra y el territorio de comuneras y comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla.

En un comunicado solicitó que las autoridades municipales consideren en todo procedimiento la participación de las comuneras y comuneros de la comunidad afectados en sus derechos, así como evitar otra vulneración a derechos o actos represivos en contra de los denunciantes.

La red, conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil de 23 estados del país, pidió que la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) sea apegada al mandato amplio de protección a derechos humanos que le corresponde, realizando las diligencias necesarias para la investigación e integración del expediente de queja sobre las violaciones en que han incurrido las autoridades señaladas y, en su caso, pronunciarse al respecto.

“En ese sentido deberá: conducirse con los más altos estándares en materia de derechos humanos en la integración y determinación del expediente de queja, así como en la emisión de medidas cautelares; atender y agotar todas y cada una de las aristas derivadas de esta situación, debiendo solicitar a las autoridades rendir los informes correspondientes; mantener informadas de manera oficial y proactiva a las personas quejosas sobre el estado que guardan las diligencias llevadas a cabo por este organismo y pronunciarse desde una visión integral sobre los hechos violatorios de derechos humanos”.

Este conjunto de organizaciones recordó que se anunció en las redes sociales la firma de un nuevo acuerdo entre las comunidades de Ayutla y Tamazulapam para la disolución de la mancomunidad y la distribución del agua.

Lamentablemente estos acuerdos avalados por el gobierno del estado, aseguró, se han construido al margen de la participación de la comunidad y personas afectadas desde 2017 en Ayutla Mixe por el despojo de sus tierras y otras agresiones graves a mujeres, comuneras y comuneros como previamente han documentado.

“Como organizaciones reprobamos el respaldo del gobierno estatal a los acuerdos que violentan derechos de comuneras y comuneros de Ayutla”.

La Red informó que el miércoles 8 de septiembre, escuchamos a comuneras y comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciar públicamente la situación por la que atraviesan en su comunidad, señalando una serie de violaciones a sus derechos como posesionarios de tierras que han mantenido por generaciones y por las que guardan un vínculo de profundo respeto.

El 28 de agosto del año de 2021, autoridades municipales informaron a la comunidad que para dar solución al problema agrario entre las comunidades de Ayutla y Tamazulapam, determinaron ceder las tierras de 23 personas que fueron despojadas en el año 2017 en medio del conflicto por el manantial que abastecía de agua a Ayutla y las tierras por las que pasará la tubería para conducir agua por gravedad a Tamazulapam.

“Esta decisión de las autoridades municipales, no consultó ni escuchó la opinión de las comuneras y comuneros afectados por lo que se presenta como “toma de acuerdos” viola entre otros derechos, el derecho al agua, a la información, consulta, tierra, territorio y a la libre determinación considerando el derecho de las y los comuneros”.

Señaló que han documentado y visibilizado de manera general el contexto bajo el cual se han originado diversas violaciones a derechos humanos y los impactos por falta de agua en la comunidad desde 2018.

“En ese marco acompañamos la conferencia de prensa que se realizó el día de ayer para hacer la denuncia pública, así como la presentación de una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por las violaciones a los derechos de comuneras y comuneros por parte de la autoridad municipal de Ayutla”.

Por último, mencionó que como organizaciones defensoras de derechos humanos nos mantendremos observantes de la tramitación por la queja presentada, así como la emisión de medidas cautelares correspondientes, “que en este caso son fundamentales para salvaguardar la integridad física, psicológica y la vida de las personas ante el riesgo que implica haber denunciado de manera pública arbitrariedades cometidas por sus autoridades”.

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