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El Poder Judicial de Oaxaca, el tercero más opaco del país al incumplir con sus obligaciones de transparencia

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El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) es el tercer tribunal más opaco del país al incumplir con sus obligaciones de transparencia, según un estudio elaborado por la organización México Evalúa.

De acuerdo con el documento denominado “Información desde y para el fortalecimiento de los poderes judiciales”, el promedio nacional de cumplimiento de estas obligaciones informativas en la Plataforma Nacional de Transparencia es de 2.45, lo que significa que la información ahí no sólo se publica, sino que también está generalmente actualizada y está más o menos accesible.

El estudio destaca el caso del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco, que incumple de manera casi sistemática con sus obligaciones, quizás por considerar que el Supremo Tribunal de Justicia cumple para ambos. Pero esta visión es errónea, porque sí existen los dos sujetos obligados.

Pero de manera similar, se pueden mencionar los poderes judiciales de Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, que obtienen calificaciones inferiores a 2.

El Poder Judicial de Oaxaca, es decir el TSJEO, obtuvo una calificación de 1.93 en el promedio de cumplimiento de obligaciones de transparencia (generales y especícas) por sujeto obligado, y una calificación de 1.79 en el promedio de cumplimiento en obligaciones de información en materia administrativa y organizativa, por sujeto obligado.

El análisis reveló que primero detectaron que si bien los poderes judiciales han avanzado mucho en los últimos 20 años en el tema de la transparencia, a menudo la información que publican algunos de ellos para responder a sus obligaciones de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no cumple con los estándares de calidad mínimos: no siempre está actualizada, en un formato accesible o completa, por ejemplo.

En cuanto a la transparencia proactiva, es decir, la información que las instituciones proporcionan de manera voluntaria –más allá de sus obligaciones de transparencia–, los poderes judiciales publican información muy asimétrica entre sí, lo que denota capacidades y perspectivas distintas en cuanto a lo que puede ser información útil y de interés para la ciudadanía.

Sobre la transparencia reactiva, es decir, la relacionada con las solicitudes de acceso a la información, se detectó que algunos poderes judiciales las contestan con cierto grado de simulación.

“Aunque formalmente aseguran cumplir con estas obligaciones, muchas veces tardan en responderlas, solicitan que sean reformuladas en otros términos por no ser del todo claras, la información proporcionada no está completa o no corresponde a lo que se solicitó, e incluso simplemente no las responden”.

México Evalúa sostiene que los poderes judiciales no siempre cuentan con la información necesaria para identificar sus áreas de oportunidad y para tomar decisiones oportunas que les permitan mejorar su desempeño. Si la tienen, no necesariamente la publican, lo que impide que los ciudadanos podamos evaluarlos.

“Como respuesta a este desafío, presentamos una propuesta de contenidos mínimos de información y de indicadores que, de publicarse, darían pie a un cambio significativo en la transparencia de la información judicial”, menciona la organización.

En el estudio Información desde y para el fortalecimiento de los poderes judiciales propuso un cuerpo de contenidos e indicadores de aplicación universal, es decir, que podrían ser replicados por los 32 poderes judiciales del país y por el Poder Judicial Federal.

Su implementación permitiría comparar y evaluar el trabajo de los poderes, fortalecer su funcionamiento y su independencia judicial, en tanto los espacios y canales de información ya existentes continúan su perfeccionamiento.

“Un poder que es crucial para la democracia y la vida en sociedad no puede seguir en las sombras. Todas y todos deberíamos ser capaces de acceder a información que nos permita saber cómo está actuando el Poder Judicial, pues cada determinación que se toma detrás de sus puertas tiene un potencial impacto en nuestros derechos y calidad de vida”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Por ello, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, y el equipo de Transparencia en la Justicia de México Evalúa desarrollaron una propuesta de contenidos mínimos de información e indicadores a publicarse por parte de los poderes judiciales.

El objetivo de esta propuesta es doble: que estas instituciones puedan identificar sus áreas de oportunidad y tomen decisiones informadas para atenderlas, y que los ciudadanos podamos evaluar y comparar su desempeño.

Los 13 contenidos mínimos se basaron principalmente en una revisión de la información que los ciudadanos suelen pedir de manera recurrente a los poderes judiciales, y cubren, entre otros, aspectos relacionados con los procesos de selección de los funcionarios jurisdiccionales, incluyendo a los jueces y magistrados, y de los consejeros de la judicatura, sus sueldos, las encuestas de satisfacción aplicadas por los propios poderes judiciales, a los usuarios de sus servicios, todos los reportes de auditorías internas y externas realizadas, así como todos los pagos que realizan a proveedores por más de 25 mil pesos.

Los 27 indicadores propuestos se dividen en seis rubros: diseño institucional o estructura; funcionalidad o desempeño; cooperación federal; rendición de cuentas; gobierno judicial abierto, así como innovación y tecnología.

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