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Red de Resistencia Civil exige que la energía eléctrica se reconozca como derecho humano

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La Red Nacional de Resistencia Civil realizó protestas simultáneas en 12 estados del país para exigir al Senado de la República que discuta y apruebe su iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica.

Esta iniciativa la presentó en octubre de 2019 ante la Comisión de Energía del Senado, pero desde entonces “la han mantenido en la congeladora”.

La propuesta contempla añadir al artículo cuarto constitucional que toda persona tiene derecho al acceso y disposición de la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso personal, doméstico y que permita la subsistencia familiar.

También establece que el Estado garantizará la accesibilidad a la energía eléctrica continua sin cortes, para asegurar el cumplimiento de otros derechos humanos esenciales como la seguridad, salud, educación y alimentación, así como el respeto a este derecho.

“La ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de la energía eléctrica, procurando el cuidado y preservación del medio ambiente, reconociendo y respetando el derecho a la autogeneración eléctrica a pequeña escala, en las poblaciones que así lo determinen”, se propone en la iniciativa.

Las protestas de la Red Nacional de Resistencia Civil también se realizaron en el marco de la conmemoración de los 61 años de la nacionalización de la industria eléctrica, celebrado ayer 27 de septiembre, y para denunciar que continúan los atropellos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las generadoras privadas de energía eléctrica.

Con las movilizaciones exigieron mesas de trabajo con la CFE, con la Comisión de Energía del Senado y con autoridades competentes para resolver el conflicto existente.

También interpondrán una queja colectiva el 4 de octubre de 2021 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar la violación a derechos elementales como la salud, vivienda digna, educación, seguridad, a un medio ambiente sano y a la integridad personal. Además, exigieron facilidades para la autogeneración comunitaria como contrapeso a los grandes megaproyectos devastadores del medio ambiente.

El conflicto con la CFE que aludió la Red Nacional de Resistencia Civil se debe a que desde hace 12 años se han impuesto altos cobros en el servicio de energía eléctrica, además del impulso de megaproyectos como los parques eólicos y presas hidroléctricas, entre otros, que despojan del territorio a pueblos y comunidades indígenas.

Uno de estos abusos, aseguró, se refleja en los recibos de más de 5 mil o hasta de 10 mil pesos bimestrales en uso doméstico, y de 100 mil o hasta un millón de pesos para pequeños negocios locales.

“Esto escudándose en la tarifa “Doméstica de Alto Consumo (DAC)” y los medidores digitales impuestos por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Ya que la lectura de medición de consumo eléctrico se dispara al instalar estos nuevos instrumentos de medición, marcan de más y se rebasa el tope tarifario de 250 kwh mensuales para entrar a dicha tarifa DAC, con la que el costo por cada kilowatt/hora rebasa los 4 pesos más los cargos fijos mensuales”.

La Red expresó que ahora más que nunca es necesaria una tarifa social que tome en cuenta no sólo las condiciones climáticas, sino el ingreso de las familias mexicanas y las condiciones sociales tales como pertenecer a algún sector vulnerable, la necesidad de impulsar pequeños negocios, el bombeo de agua para la comunidad.

Para este conjunto de organizaciones políticas y civiles, un primer paso tendrá que ser eliminar tanto la tarifa DAC así como los precios de consumo intermedio y excedente, entre otros recargos injustos.

“Las condiciones de la economía popular han ido mermándose de manera grave durante la pandemia”, agregó.

Para mostrar sólo algunos datos, precisó, de 2018 a 2020 la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema aumentó de 14 por ciento  a 17.2% y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza pasó de ser el 49.9% al 52.8%, según datos del Coneval.

“Por si esto fuera poco, de manera criminal, durante la contingencia se ha dejado sin energía eléctrica a personas de la tercera edad con padecimientos de Covid-19 y diabetes, por lo que requieren de oxígeno y refrigerador para las insulinas respectivamente”.

Explicó que si se toma en cuenta que la energía necesaria para contar plenamente con las condiciones de una vivienda digna y adecuada es de 300 kwh/mes, con la tarifa actual se paga por esa cantidad recibos bimestrales de más de tres mil pesos.

“Esto en el supuesto de que marcara bien el consumo del hogar el instrumento de medición. Además, el esquema tarifario beneficia a grandes empresas que cuentan con subestaciones y transformadores propios, de esa manera salen beneficiados pagando una cuota mínima por el consumo de electricidad”.

Finalmente, afirmó que otro de los abusos en que incurre Comisión Federal de Electricidad es el despojo y la contaminación mediante la imposición de generadoras eléctricas.

“Dos de las nuevas plantas generadoras de electricidad proyectadas por parte de CFE son para beneficiar los dos megaproyectos de despojo en el sureste, una en Veracruz (para beneficiar el corredor interoceánico) y otras dos en Yucatán (para beneficiar el tren maya)”, sostuvo.

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