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miércoles, diciembre 8, 2021
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Deuda pública de Oaxaca, irregularidades bajo el aval de Morena

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Un Congreso local con mayoría de diputados emanados del partido Morena pronto olvidaron una de la tesis política y administrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador: no contratar deuda pública.

Apenas con un año en el cargo, en 2019, los legisladores morenistas cedieron a la solicitud del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para adquirir una nueva deuda pública de tres mil 500 millones de pesos para obra pública y otra más, superior a los 13 mil millones de pesos para refinanciar la deuda de ese entonces; incluso, aprobaron que el control de la deuda pública estuviera bajo el control de CIBANCO, una institución financiera propiedad de políticos del PRI del Estado de México, a través de un fideicomiso.

El gobierno de Alejandro Murat comprometió hasta el 25 de marzo de 2021, dos mil 27 millones de pesos para la obra pública, el manejo de esos recursos públicos se mantiene en la opacidad y con indicios de corrupción, obras mal ejecutadas, retrasos en algunas y adquisiciones a sobre precio, entre otras irregularidades, según un informe al que tuvo acceso este medio.

De acuerdo con un informe del Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión pública autorizados en el decreto número 809, en el que se aprobó la nueva deuda pública de 3 mil 500 millones de pesos, se advierte que siguen sin comprometerse alrededor de mil millones de pesos y están por vencerse esos créditos. De no ejercerse en lo inmediato, advierte el documento de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, se pagarán intereses de forma extraordinaria.

Adicionalmente, ninguna de las empresas ejecutoras: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Comisión Estatal del Agua (CEA), Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao) y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad (Iodemc), han transparentado quiénes realizan las obras y cuál es el avance físico y financiero de cada una de ellas.

Los titulares de estas dependencias, además, violentaron el decreto 809 en el que se estableció la contratación exclusiva de empresas oaxaqueñas o que su domicilio fiscales y físicos estuvieran en Oaxaca; la intención era impulsar la actividad económica y reactivar la industria de la construcción del estado y, evitar la contratación de empresas fantasmas.

La principal intención de Alejandro Murat era usar mil 500 millones de pesos de la nueva deuda pública para construir una zona comercial y fraccionamientos privados o conjuntos habitacionales en donde actualmente se encuentra la octava zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Santa Lucía del Camino; pero este proyecto se le cayó, cuando la Sedena no aceptó la propuesta del mandatario cuando les ofreció un nuevo terreno e incluso la construcción de sus instalaciones.

Tras este fracaso y con el fin de ejercer esos mil 500 millones de pesos, el gobierno del estado improvisó la ampliación y modernización de la Avenida Símbolos Patrios, revivió el proyecto del libramiento Sur, la construcción del Centro de Congresos de Huatulco, el Centro Cultural Álvaro Carrillo, la Bici Ruta e inyectarle más recursos al City Bus. Algunos de ellos apenas iniciaron y otros, ni siquiera ha llegado al consenso para poder llevarlos a cabo.

CAO, compras a sobreprecio

Uno de los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de esta deuda pública, fue la adquisición de 31 equipos o maquinaria para dotar a los módulos de maquinaria que se encuentran en las diversas regiones del estado y que son administrados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) a cargo de David Mayrén Carrasco.

El Comité aprobó la adquisición de maquinaria con ciertas especificaciones, ya que entre las funciones de este organismo es la aprobación de cada uno de los proyectos de inversión con los tres mil 500 millones de pesos.

Cuando los legisladores realizaron una revisión a estas compras detectaron que CAO pagó más de 124 millones de pesos para la compra de esta maquinaria; sin embargo, al comparar diversas cotizaciones se encontró que la dependencia compró a sobre costo que representó 50 millones de pesos más. Esto, pese a que la maquinaria que adquirieron es de menor calidad y con menor tecnología.

Adicionalmente se encontró que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca y CAO presentan diferencias en cuanto al monto gastado por este concepto. Es decir, las dos dependencias reportan gastos diferentes por la adquisición de este equipo y la diferencia es de 10 millones de pesos.

“Pero lo que más nos llama la atención es que ellos compraron maquinaria de la más barata que hay, la más sencilla, con menor tecnología y dan ese costo de los 124 millones de pesos. Nosotros hicimos una cotización sobre maquinaria de mejor calidad y nos resulta más barata 25 millones de pesos que la maquinaria que compra el gobierno del estado, por maquinaria de menor calidad”, explica el diputado local César Morales Niño.

Si se toma en consideración el volumen de maquinaria que se compró, 31 equipos grandes, sin el costo debió haber sido mucho menor y por la marca que compró el gobierno del estado, se reduce mucho más el precio. “Estamos hablando entre 40 y 50 millones de pesos de sobre costo en esta maquinaria que se adquirió. Esto es verdaderamente alarmante, en la comparecencia yo pedí la intervención inmediata de la Contraloría para que investigara este sobre costo”, apunta el legislador.

En la comparecencia del 1 de julio de 2021 ante los legisladores del Congreso local y en la que estuvieron todos los titulares de las dependencias ejecutoras de estos recursos, David Mayrén – titular de CAO – argumentó que compraron otro tipo de maquinaria (diferente a la aprobada por el Comité).

Si lo hicieron así, señala César Morales, también cayeron en una irresponsabilidad o ilegalidad y puede configurarse un desvío de recursos públicos o peculado, “porque en todo caso no se les autorizó el recurso para comprar maquinaria distinta a la que venía estipulada”.

Ampliación y modernización de Símbolos Patrios, subcontratación ilegal

El titular de Sinfra, Javier Lazcano Vargas, aceptó ante los legisladores locales que la empresa ganadora de la licitación para las obras de modernización y ampliación a ocho carriles de la Avenida Símbolos Patrios, recurrió a empresas oaxaqueñas para que fueran estas quienes realizaran los trabajos.

La licitación nacional la ganó la empresa ICA S.A. de C.V. y se recurrió a un concurso nacional, según el gobierno del estado, porque las empresas de Oaxaca no tienen la capacidad para realizar este tipo de obras. Los trabajos ascenderán a cerca de 200 millones de pesos y comprende el tramo que va desde el entronque de Avenida Universidad hasta la gasolinera cercana al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca.

Sin embargo, la empresa ganadora recurrió a la subcontratación lo que está prohibido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado.

En el artículo 48 se establece que: “El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero con autorización previa de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación. Esta autorización previa, no se requerirá cuando la convocante señale específicamente en las bases, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la convocante.

“Las empresas con que las Dependencias, Entidades o Ayuntamientos, contraten la realización de obras públicas, podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, al celebrar el contrato respectivo se establezcan con precisión a satisfacción de la convocante, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar, así como de la manera en que, en su caso exigirá el cumplimiento de las obligaciones”.

Además, la legislación señala puntualmente que los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, “con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de la Dependencia, Entidad o Ayuntamiento contratante”.

El informe del Congreso local advierte como irregularidad que ICA subcontrate a empresas oaxaqueñas para que sean estas quienes realicen la obra, cuando se supone que al participar en la licitación afirmó tener la capacidad técnica y humana para realizarla. En todo caso, señala que el Gobierno de Oaxaca debió asignar la obra a las empresas oaxaqueñas.

City Bus, 107 millones para un proyecto que nunca arranca

Dentro del paquete de proyectos de inversión para la ejecución de los tres mil 500 millones de pesos de la deuda pública, el gobierno de Oaxaca y los diputados locales aceptaron que se destinaran otros 107 millones de pesos para las obras del City Bus, una obra que se inició en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y que a unos meses de concluir la administración de Alejandro Murat, sigue sin iniciar operaciones como se estableció en su origen.

Con estos recursos, ya superan los mil 100 millones de pesos que se han ejercido en este proyecto. Los recursos aprobados del decreto 809, se precisa, se utilizarán para la rehabilitación de paraderos y vialidades que actualmente se encuentran destruidos.

Los trabajos, sin embargo, registran problemas y uno de los principales es que el gobierno del estado compró un terreno en Santa Cruz Xoxocotlán para usarlo como paradero del City Bus; pero el gobierno únicamente adquirió la parte trasera del terreno, la cual no tiene servidumbre de paso y ahora es necesario adquirir la otra parte del terreno para que sea funcional.

Esa es la razón, según la información a la que tuvo acceso este medio, de que las obras que se pondrán en marcha para la operación del City Bus únicamente llegan hasta el Parque del Amor y ya no continúan hacia Santa Cruz Xoxocotlán. Del Parque del Amor hacia el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, no se ha hecho ningún tipo de obra. El proyecto de más de mil millones de pesos, se redujo a la mitad.

También revela que todavía no existe un acuerdo entre concesionarios del transporte público con el gobierno de Oaxaca para que este City Bus funcione y ellos participen.

Obras de mala calidad, inconclusas y sin acuerdos

Para ejercer los tres mil 500 millones de pesos, los diputados de Oaxaca y los titulares de las dependencias ejecutoras de esos recursos aprobaron un paquete de 177 proyectos u obras. De los tres mencionados anteriormente, se suman otros con irregularidades en su ejecución como trabajos de mala calidad, costo inexplicable y otras en las que ni siquiera se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de las tierras para llevarlas a cabo.

En esta lista, por ejemplo, se encuentra una inversión de tres millones de pesos para el bacheo de la margen izquierda del Río Atoyac, una carretera que se iba a rehabilitar desde el puente del municipio de San Jacinto Amilpas hasta el Parque del Amor.

Según CAO las obras de bacheo ya se concluyeron y los trabajos fueron entregados. Sin embargo, la carretera se encuentra desecha y con múltiples baches. En el informe entregado por la dependencia al Congreso local, reconoce que “no le alcanzó el dinero” y sólo hizo la mitad del bacheo programado en esta vialidad, por lo que sólo los trabajos los hicieron del puente de San Jacinto Amilpas al puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

A estos recursos se suman 40 millones de pesos que se utilizaron para la construcción de un sistema de agua en la agencia Guadalupe Victoria de la capital del estado. Aquí se adquirió un tanque de agua importado de Europa, y que se supone que garantizaba el almacenamiento y abasto de agua potable para toda la población, principalmente para los habitantes de las partes más altas que carecen de este servicio.

Las obras estuvieron a cargo de SAPAO y ya fue reportada como concluida. Pero no funciona porque los vecinos siguen sin contar con el servicio de agua potable y además, les dejaron las calles destruidas cuando metieron la tubería.

Mientras que en el proyecto del Libramiento Sur, el gobierno de Oaxaca no ha concretado ningún acuerdo con los propietarios de las tierras para obtener el derecho de vía. A esta obra, se le destinaron 400 millones de pesos y aún está en duda que se pueda llevar a cabo.

Bici Ruta, un millón de pesos por cada kilómetro

Por otra parte, la construcción de la “Bici Ruta” en la ciudad de Oaxaca tendrá un costo de 14.9 millones de pesos y que tendrá una extensión de 15.17 kilómetros; el costo aproximado de la obra es cercano a un millón de pesos por kilómetro.

De acuerdo con las bases de la licitación, el proyecto consiste en la habilitación e implementación de una ciclovía y carriles prioritarios ciclistas de aproximadamente 17.5 kilómetros, e iniciará en la calle Proletariado Mexicano de la ciudad de Oaxaca de Juárez y terminará en la calle Laguna de Tamihahua del municipio de Santa Lucía del Camino.

Sobre la extensión de la bici ruta, hay diferencias entre la licitación y la información que ha proporcionado la Secretaría de la Movilidad (Semovi); esta última asegura que son 13.37 kilómetros de infraestructura ciclista y 1.80 kilómetros de rehabilitación de la ciclovía de Avenida Universidad en la ciudad de Oaxaca; es decir, un total de 15.17 kilómetros.

El objetivo, asegura la Semovi, es “proveer a la ciudadanía de seguridad al realizar viajes en bicicleta dentro de la ciudad de Oaxaca por medio de una movilidad activa”. También asegura que el proyecto se realizó en el segundo semestre de 2020 con la asesoría técnica de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México (Sedatu), Bikencity y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional a través de la GIZ, una agencia alemana.

De los 15.17 kilómetros, únicamente 3.73 kilómetros estarán delimitados por dos mil 45 topes de polietileno y 880 metros estarán dividirán el carril de los ciclistas con vialetas de ABS, que por su tamaño de 10 por 10 por 2 centímetros, no impedirán que el carril sea ocupado por cualquier tipo de vehículo automotor. En el resto de la bici ruta se aplicará pintura, según la información contenida en las bases de la licitación. El proyecto también incluye la colocación de señales restrictivas de lámina galvanizada.

El costo unitario promedio en el mercado de los topes de polietileno es de 500 pesos, lo que implican una inversión de un millón de pesos; mientras que el costo unitario de las vialetas de ABS, con las características de la licitación es de 46 pesos, lo que implicaría una inversión de 378 mil 400 pesos.

La licitación precisa que los trabajos consisten en el trazo y limpieza de la ciclovía y cruces peatonales en 82 mil 506.34 metros cuadrados, aplicación de pintura para la demarcación de tráfico a base de solvente acrilico para el uso de dos caídas de micro esferas en 23 mil 95.18 metros cuadrados; se aplicará pintura en diversas señales (pictogramas) fabricadas a base de solvente acrílico para el uso de una y dos caídas de micro esferas.

Y se aplicará el delimitado de carril exclusivo para bicicletas con tope de polietileno de alta densidad de 1.83m x .10m x 13cm en 2 mil 41 piezas, se aplicará el delimitado de carril exclusivo para bicicletas en vialetas de abs de alta densidad reflejantes de .10m x .10m x .02m en 8 mil 800 piezas y se aplicarán diversos señalamientos restrictivos de .61 x .61 m de lámina galvanizada cal. 14 con poste de ptr en 1 mil 30 piezas.

En la tercera sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a los proyectos de inversión por los que se autorizó la deuda de tres mil 500 millones de pesos, celebrada el 21 de abril de 2021, Arturo Eleazar López Sorroza, encargado del despacho de la Semovi, aseguró que se trata de proveer a la ciudadanía de una alternativa para hacer viajes dentro de la ciudad y a evitar la saturación en el transporte público. Además de los beneficios en la salud, afirmó que tendrá un impacto en el incremento de la actividad comercial y será un atractivo turístico.

“Es la tradición de la obra corrupta”: César Morales

El diputado local César Morales Niño, el legislador que reiteradamente ha cuestionado la falta de transparencia e irregularidades en el manejo de los recursos adquiridos con la deuda pública, confirma que aún falta por comprometerse la aplicación de mil millones de pesos.

“Hasta donde nos informaron, faltan alrededor de mil millones de pesos por aplicar. Se ha gastado muy poco, 2 mil 500 millones si tomamos en cuenta que los dos mil primeros millones de pesos estaban etiquetados para obras muy específicas, obras prioritarias para los municipios y las regiones y estaban mil 500 millones de pesos para un proyecto de vivienda comercial y de un parque recreativo, donde se encuentra la zona militar”.

La propuesta, detalla, era que el gobierno del estado le donaba un terreno a la Sedena y le construía sus instalaciones a cambio de que la zona militar cediera los terrenos que tiene en Ixcotel. Al final no hubo ningún acuerdo, dice que la Sedena no aceptó la propuesta del gobierno del estado.

“Entonces esos mil 500 millones de pesos los toma el gobierno del estado para nuevos proyectos que no estaban considerados y es donde meten la Bici Rruta, Símbolos Patrios, el libramiento Sur, el Centro Cultural Álvaro Carrillo, con inversiones enormes, obras de relumbrón porque no son obrar prioritarias”.

Uno de los principales cuestionamientos que ha hecho, menciona, es sobre las obras que se realizan en la Avenida Símbolos Patrios porque el proyecto señala la ampliación en un tramo a ocho carriles y en otro a seis carriles, algo que ya existe en esa vía de comunicación.

Además, advierte, ni siquiera hay camellos “a los que les puedan robar terreno para ampliar la carretera, está muy delimitada esa avenida, dónde está la ampliación, donde está la modernización y hoy nos encontramos con una protesta de que por estas obras van a derribar mil 500 árboles. Entonces no vemos el beneficio real de esta inversión tan grande porque son 200 millones de pesos”.

“Se nos hacen temas que no tienen una justificación social de porque se hacen estas inversiones tan grandes”, apunta.

También acusa al gobierno de Alejandro Murat de no cambiar “esta tradición de la obra corrupta: de la obra que se entrega sin ser terminada, de la obra pública que no funciona”.

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